El gobierno federal ha desembolsado 5 mil millones de pesos para garantizar la liberación del derecho de vía en los grandes proyectos de trenes de pasajeros. Según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), este recurso se dirige a la compra de terrenos y negociaciones con ejidatarios y propietarios privados para habilitar los trazados. En muchos tramos, las vías ya contaban con un derecho de vía histórico, pero aproximadamente el 34 % del trazado exigía trámites adicionales para garantizar legalidad y operatividad. La coordinación entre Sedatu, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido clave para que los pagos se hagan “predio por predio” en un proceso transparente. Esta fase, dicen las autoridades, es decisiva para que los trenes puedan avanzar sin impedimentos técnicos ni legales.
Según la información oficial, del total de terrenos que requerían nueva gestión, se han liberado mil 607 predios, equivalentes al 34 % del tramo que no tenía derecho de vía previamente establecido. Las visitas “casa por casa” para explicar el proyecto, avalúos realizados por la Instituto de la Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y los pagos directos sin intermediarios conforman el modelo que se ha venido aplicando. Las autoridades destacaron que el proceso no se limita a la adquisición, sino también a la atención de inquietudes comunitarias, lo que ha generado “una respuesta de confianza por parte de los pobladores”. En contrapartida, advierten, queda pendiente la liberación del restante 66 % del tramo que ya contaba con vía histórica, pero que puede requerir adecuaciones menores. Este tipo de inversión se suma a los ambiciosos planes del gobierno para modernizar la red ferroviaria de pasajeros.
La relevancia de esta liberación de vía es estratégica para el desarrollo de los futuros trenes de pasajeros que el país planea construir. Con la infraestructura legal y física del trazo asegurada, pueden avanzar los procesos de licitación, obra y puesta en marcha de rutas como las que conectarán centros urbanos clave. Además de servir para movilidad, estos proyectos se presentan como motores de empleo: se estima que generarán decenas de miles de puestos, tanto directos como indirectos, en comunidades. El hecho de liberar la vía sin enfrentamientos legales ni rezagos mejora la certidumbre tanto de inversionistas como de comunidades. Sin embargo, especialistas advierten que los costos iniciales son altos y que los beneficios dependerán de la operación eficiente de los trenes y del uso real por parte de la población.
Por otra parte, el proceso no está exento de críticas y retos. Algunas comunidades han señalado que los pagos demoran o que los avalúos no siempre reflejan el valor real de los predios, lo cual genera desconfianza. Aunque Sedatu afirma que “la respuesta de la gente ha sido increíble” en cuanto a confianza, la historia de otros proyectos ferroviarios muestra que los conflictos por derecho de vía pueden reactivar obstáculos. También se ha señalado la necesidad de garantizar que los beneficios de la nueva infraestructura —movilidad, empleo, desarrollo— lleguen a las comunidades afectadas, para que no sea únicamente un proyecto de élite. El monitoreo de los compromisos sociales y ambientales será clave para evitar que sólo se liberen las vías y se pierda la oportunidad de impulsar desarrollo local.
En el panorama más amplio, este pago de 5 mil millones de pesos se integra al programa federal que busca invertir 157 mil millones de pesos en 2025 para la construcción de trenes de pasajeros, con más de 3 000 kilómetros de vías planificadas durante el sexenio. Este dato fue confirmado por la administración en un comunicado oficial. Así, la liberación de vía es uno de los engranajes clave en una maquinaria mayor de infraestructura de movilidad nacional. Las rutas contempladas incluyen tramos como Tren AIFA‑Pachuca y Tren Ciudad de México‑Querétaro, lo que refuerza la apuesta por conectar grandes regiones del país. Con todo esto, el reto será cumplir los calendarios sin sobrecostos y garantizar que la infraestructura no quede inmovilizada por trámites o conflictos territoriales.
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