18 SEPTIEMBRE 2025-NACIONAL-El gobierno mexicano se encuentra ante un arbitraje internacional por al menos 500 millones de dólares que Tv Azteca adeuda a los fondos de inversión estadunidenses Capital Partners y Contrarian Capital Partners, quienes acusan a las empresas de Ricardo Salinas Pliego de usar el Poder Judicial de la Ciudad de México para mantener congeladas indefinidamente sus deudas con inversionistas privados. La disputa se remonta a bonos emitidos por Tv Azteca en 2017 que no fueron pagados, generando un conflicto legal que ahora se lleva a nivel internacional.
Desde 2023, estos fondos iniciaron un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, argumentando que México incumple obligaciones del T-MEC al negar un juicio en igualdad de condiciones. La asesora legal Katherine P. Padgett denunció que tribunales mexicanos han protegido indebidamente a Salinas Pliego y sus empresas, impidiendo el pago de deudas legítimas, y subrayó que no es conveniente para México gastar recursos públicos en defender acciones cuestionables.
Suspensión de pagos y uso del Poder Judicial
En 2022, Tv Azteca logró vía el Poder Judicial una prórroga para no cumplir con sus obligaciones durante la pandemia, en un proceso ante el 63º juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Según los fondos demandantes, el juez Miguel Ángel Robles Villegas otorgó la medida “sin conceder audiencia ni notificar” a los inversionistas, lo que resultó en la suspensión del pago hasta que la OMS declarara el fin de la pandemia.
A pesar de que el 5 de mayo de 2023 la OMS anunció el fin de la emergencia sanitaria, los tribunales mexicanos mantuvieron la suspensión de obligaciones de Tv Azteca, empresa cuyo dueño, Salinas Pliego, en repetidas ocasiones minimizó la pandemia y se opuso a confinamientos. Esta situación ha generado que la deuda siga aumentando mientras los inversionistas esperan una resolución justa.
Reclamo internacional y búsqueda de diálogo
Padgett destacó que los fondos buscan abrir un canal de comunicación con el gobierno mexicano para explorar un acuerdo que garantice una solución a la disputa, evitando así que los tribunales locales continúen favoreciendo intereses privados de manera irregular. Hasta el momento, el gobierno federal no ha ofrecido una respuesta concreta a estas solicitudes.
El arbitraje pretende reparar lo que los inversionistas consideran una manipulación abusiva de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares. Esta cifra no incluye los intereses que se acumulan día a día, lo que eleva aún más el costo del conflicto para México y pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial ante grandes empresas.
El caso también subraya la necesidad de revisar la relación entre el Poder Judicial y las grandes corporaciones para evitar precedentes que puedan perjudicar la imagen y la economía del país.
Respuesta de Grupo Salinas
En octubre de 2024, Grupo Salinas calificó la demanda como un intento de “victimización” por parte de los fondos, señalando que ya habían tenido derrotas en cortes estadounidenses. Sin embargo, los inversionistas mantienen su reclamo en el Ciadi, asegurando que el conflicto no solo es financiero, sino también de cumplimiento legal y transparencia en México.
El desenlace de este arbitraje tendrá repercusiones en el sector empresarial y financiero del país, al marcar un precedente sobre cómo se manejan las deudas de grandes corporaciones ante inversionistas extranjeros y la capacidad del Estado mexicano para garantizar justicia en casos de alto perfil.
