22 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONALES. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó de manera oficial que su administración cumplirá con todas las disposiciones emitidas por los organismos internacionales respecto al lamentable suceso ocurrido en 2007. Durante una reciente rueda de prensa en la ciudad de Xalapa, la mandataria estatal subrayó que este compromiso se realizará en estrecha coordinación con las autoridades federales. El objetivo principal es garantizar que la recomendación de CIDH por caso de Ernestina Ascencio se traduzca en acciones concretas que reparen el daño causado a la familia y a la comunidad indígena de la Sierra de Zongolica.
Es fundamental recordar que Ernestina Ascencio fue víctima de una agresión violenta por parte de elementos militares, lo cual derivó en su fallecimiento hace casi dos décadas. Recientemente, las autoridades internacionales determinaron que el Estado Mexicano falló en su responsabilidad de investigar con diligencia y de ofrecer una atención médica adecuada. Ante este panorama, la aplicación de la recomendación de CIDH por caso de Ernestina Ascencio busca corregir las omisiones históricas y establecer un precedente de justicia para las mujeres indígenas en el estado y en todo el país.
Compromiso con la justicia y los derechos humanos
La titular del Ejecutivo estatal fue enfática al señalar que las determinaciones de la Corte son sumamente precisas y no dejan lugar a dudas sobre el camino a seguir. Al acatar la recomendación de CIDH por caso de Ernestina Ascencio, el gobierno busca no solo cumplir con un mandato legal, sino también enviar un mensaje de respeto hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Nahle García aseguró que cada punto del resolutivo será atendido paso a paso, trabajando siempre de la mano con las instituciones encargadas de velar por la dignidad de las personas.
La resolución llega en un momento simbólico muy importante, ya que el 2025 ha sido declarado como el “Año de la Mujer Indígena”. En este contexto, la implementación de la recomendación de CIDH por caso de Ernestina Ascencio adquiere una relevancia mayor, pues se enfoca en proteger a un sector de la población que históricamente ha sido marginado. La gobernadora resaltó que el paso del tiempo no debe ser un obstáculo para la justicia, y que es obligación del Estado responder por los agravios cometidos en el pasado contra las comunidades más vulnerables.
Un proceso detallado para la reparación del daño
El cumplimiento total de lo dictaminado por la Corte no será inmediato, ya que implica una serie de etapas administrativas y sociales que requieren tiempo y planeación. La administración estatal ha reconocido que la recomendación de CIDH por caso de Ernestina Ascencio conlleva procesos específicos para brindar apoyo integral a los familiares afectados. Según la mandataria, se establecerán mesas de trabajo para asegurar que cada medida de reparación sea consultada y aceptada por quienes sufrieron directamente las consecuencias de este crimen ocurrido en la zona centro del estado.
Además del apoyo a la familia, el resolutivo incluye acciones que benefician a las comunidades indígenas de la zona donde sucedieron los hechos. Atender la recomendación de CIDH por caso de Ernestina Ascencio significa también mejorar los servicios de salud y seguridad en estas regiones para evitar que tragedias similares se repitan. El Gobierno de Veracruz reiteró que la transparencia será un eje central en este proceso, manteniendo informada a la opinión pública sobre los avances logrados en la búsqueda de la verdad y la reparación histórica.
El impacto de la Ley Ernestina
