2 de Diciembre del 2025.- El gobierno del estado de Quintana Roo ha decidido implementar una nueva estrategia fiscal para asegurar el mantenimiento de su área turística más importante mediante la creación de un impuesto para obras específico. Esta medida surge como una necesidad urgente después de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) traspasara la responsabilidad de los servicios y el mantenimiento de la Zona Hotelera de Cancún a la administración estatal. Al no contar con los recursos federales que existían anteriormente, la administración local busca que sean los beneficiarios directos quienes financien la infraestructura a través de este nuevo mecanismo incluido en el Paquete Económico 2026.
Según la propuesta que ya se encuentra en análisis en el Congreso del Estado, los sujetos obligados a pagar este impuesto para obras serán exclusivamente los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados dentro de la zona beneficiada. Esto no solo aplica a los dueños de grandes hoteles o edificios completos, sino que se extiende a cualquier persona que posea un departamento, vivienda o local comercial dentro de un condominio en la Zona Hotelera. La lógica detrás de este cobro es que el valor de sus propiedades aumenta gracias a las mejoras en la infraestructura pública que realizará el estado.
Sin embargo, la iniciativa presenta ciertas contradicciones y vacíos en cuanto a cómo se calculará el monto exacto de este impuesto para obras. Aunque la exposición de motivos sugiere usar el valor catastral como referencia, el texto de la ley indica que la autoridad podría elegir el valor más alto entre el comercial, bancario o el declarado. Además, existe una laguna legal considerable, ya que no se ha establecido un tabulador claro de las tasas que se aplicarán según el rango de valor de los inmuebles, dejando esta decisión al arbitrio posterior de una autoridad no especificada, lo que podría generar incertidumbre entre los contribuyentes.
Para que el cobro se haga efectivo, la Secretaría de Turismo (Sedetur) deberá publicar primero un Acuerdo Específico donde se detalle el costo total del proyecto y el tiempo de ejecución. Una vez publicado esto, los propietarios tendrán un plazo de tres meses para liquidar este impuesto para obras en una sola exhibición. Un punto que ha llamado la atención es que, hasta el momento, la reforma a la Ley de Hacienda no especifica los medios o formas en que se notificará a los ciudadanos sobre el monto que les corresponde pagar, lo que podría complicar la logística de recaudación.
Justificación y alcance futuro
Todo el dinero que se logre recaudar a través de este nuevo impuesto para obras tendrá un destino protegido y específico: el Fideicomiso para el Fortalecimiento a la Actividad Turística en Quintana Roo (Foatqroo). Este fideicomiso fue creado para administrar el mantenimiento de la Zona Hotelera de Cancún y la Marina Cozumel tras la salida de Fonatur. La ley asegura que los fondos no podrán desviarse a otros fines y que el monto recaudado nunca podrá exceder el costo real de la obra pública; si llegara a sobrar dinero, este deberá usarse obligatoriamente para obras complementarias en la misma zona.
La justificación legal que ofrece el gobierno para este impuesto para obras se basa en el artículo 31 de la Constitución federal, el cual permite establecer contribuciones basadas en el beneficio directo que reciben los particulares por la ejecución de obras públicas. Argumentan que es un esquema de financiamiento transparente y proporcional que evitará el deterioro urbano, ya que los recursos actuales del fideicomiso se han reducido drásticamente en comparación con lo que invertía la federación, alcanzando apenas para reencarpetar tramos pequeños del Boulevard Kukulcán.
Finalmente, es importante destacar que la redacción de la norma deja la puerta abierta para aplicar este mismo impuesto para obras en otras regiones del estado en el futuro. Dado que la ley habla de «Zonas Prioritarias de Gestión Turística Sustentable» en términos generales, el gobierno podría determinar que otras áreas, como la Marina Cozumel, también sean sujetas a este cobro. Esto significaría que los residentes y empresarios de otros municipios turísticos también podrían tener que costear su propia infraestructura bajo este esquema de contribución por mejoras.
