Cancún, Quintana Roo.- Con el uso de órdenes de aprehensión giradas contra directivos y socios, el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la morenista Mara Lezama, intenta despojar de una concesión para el servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa Aguakan y obligarla a vender sus activos a una empresa favorita en 4,500 millones de pesos, una cuarta parte de su valor real, señala un reporte de Reforma.
Y explica que, es a través del desapoderamiento de la concesión, con vigencia de 30 años y por la que se brinda el servicio a los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, presuntamente se busca transferir el negocio a la empresa española Acciona, que actualmente gestiona el recurso hídrico en Boca del Río, Veracruz.
Al respecto, Proceso indica que un juez federal decidirá el próximo lunes, 3 de marzo, la situación legal de socios y directivos de Aguakán, empresa que controla el suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, quienes, tras ser denunciados penalmente por lavado de dinero, señalan al gobierno de Quintana Roo de orquestar un hostigamiento jurídico.
Se trata de la concesionaria que abastece del vital líquido a más de un millón y medio de habitantes en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, donde se ubican los destinos turísticos más grandes del país, con alrededor de 124 mil cuartos de hotel.
De acuerdo con representantes de la compañía, en diciembre pasado, el abogado Cuitláhuac Bardán, quien dijo ser representante de Mara Lezama, se reunió con ellos y les planteó que, para evitar el tema “federal”, vendieran en 4,500 millones de pesos al Gobierno del Estado la concesión y toda la infraestructura e inversión desarrollada a lo largo de 30 años.
Gobierno de Quintana Roo amaga con demanda ante la FGR
Por el tema “federal” se refería a una denuncia que el Gobierno estatal, por conducto del consejero jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río, había interpuesto en la FGR, instancia que para esas fechas ya había obtenido dos órdenes de aprehensión contra Paul Andrew Rangel Merkley y Diego José Ramos de Castilla, apoderados legales de la empresa.
“En esta reunión, apresurada, nos dicen: ‘oye, les ofrecemos 4 mil 500 millones’ ―o sea, una cuarta parte― pero, si no lo aceptas, pues ahí viene lo federal, se va a poner complicado’”, refirió uno de los representantes.
¿Qué es Aguakan?
Aguakan es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) valuada, de acuerdo con Kroll, en 17 mil millones de pesos.
El 50.1% de las acciones están en manos de Grupo Mexicano de Desarrollo, que también cotiza en la Bolsa, y el 49.9% restante es administrado por un fondo en el que están invertidos recursos de cuatro afores: Banamex, Sura, Principal y Pensionissste.
El pasado 18 de febrero, Aguakan informó en la BMV como hecho relevante la existencia de la denuncia penal en contra de sus directivos.
“DHC confía que el Estado de derecho prevalecerá y que los jueces conocerán y resolverán que no hay delito alguno que perseguir. DHC considera que la Gobernadora del estado de Quintana Roo, licenciada María Elena Lezama Espinosa, ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal y manifiesta y reitera su total apertura para dialogar con la mandataria estatal y su Gobierno para encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de la población y de los inversionistas de DHC”, señala el reporte.
Directivos de Aguakán denuncian hostigamiento jurídico del gobierno de Quintana Roo
En la denuncia, el Gobierno estatal acusó a los directivos de Aguakan de presuntamente haber promovido conductas ilícitas en 2014 al haber solicitado a Paula Guadalupe González Cetina, entonces directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y a Juan Pablo Guillermo Molina, entonces, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno estatal, la ampliación anticipada de la concesión por otros 30 años, pues supuestamente no tenían facultades para resolver la solicitud.
La Administración de Lezama aseguró que como se había promovido una conducta ilícita, los derechos adquiridos tenían ese carácter, lo mismo que los recursos utilizados, por lo que acusó también a los accionistas de lavado de dinero.
Por la ampliación de la concesión, Aguakan pagó a la Comisión de Agua mil 55 millones de pesos, que fueron ingresados a las cuenta de esa entidad e inmediatamente transferidos a la Secretaría de Finanzas.
Aguakan alega que acusación de lavado de dinero es falsa: así lo explica
“No nos acusan de que les dimos dinero, porque no se les dio dinero (a los servidores), no nos están acusando de eso, quiero ser muy claro. Simplemente dicen:
‘tú promoviste un acto ilícito porque ellos no tenían facultades para eso, y luego adquiriste los derechos de la prórroga de la concesión y pagaste a través del sistema financiero una contraprestación’.
“Y entonces, como el origen fue ilícito, porque promoviste que actuaran ilícitamente, eso ahora resulta que se llama lavado de dinero”, indicó uno de los representantes.
Ampliación de la concesión por servicio de agua
La ampliación de la concesión por el servicio de agua, señalaron, cumplió con todos los requisitos legales establecidos en la ley: la aprobó el Consejo Directivo de la Comisión de Aguas, conformado por el Gobernador del estado y los presidentes municipales; fue avalada por cada uno de los cabildos, fue aprobada por el Congreso del estado y publicada en el Periódico Oficial.
“DHC y su equipo de asesores legales consideran que los hechos materia de la investigación por los que se formulará la imputación no son constitutivos de delito, pues el Contrato de fecha 5 de diciembre de 2014 arriba descrito es consecuencia de los Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la CAPA en su Sesión Extraordinaria del 12 de noviembre de 2014.
“Por los que se realizó la Segunda Modificación al Título de Concesión de DHC ocurrida en diciembre del 2014, la cual se llevó a cabo y formalizó en estricto apego y cumplimiento a las leyes aplicables, de forma institucional y transparente”, sostuvo la empresa en su reporte para la BMV.
Es preocupante ver cómo el gobierno intenta despojar a una empresa de su concesión de agua. En lugar de buscar soluciones que beneficien a todos, parece que están más interesados en favorecer a ciertos grupos. Esto solo genera desconfianza y puede afectar a muchas familias que dependen de un servicio básico como el agua. Es fundamental que se actúe con transparencia y justicia.
Es preocupante ver cómo el gobierno intenta quitarle a una empresa la concesión del agua. Al final, esto puede afectar a la gente que depende de ese servicio. No se trata solo de negocios, sino de cómo se maneja un recurso tan vital. Ojalá se busque una solución que no perjudique a los ciudadanos.
Es preocupante ver cómo el gobierno intenta quitarle la concesión a Aguakan. Aunque el acceso al agua es fundamental, usar órdenes de aprehensión suena más a una jugada política que a una verdadera preocupación por el bienestar de la gente. Esto podría generar más problemas que soluciones y afectar a muchas familias que dependen de este servicio.