17 JULIO 2025- INTERNACIONAL-El gobierno argentino está en el ojo del huracán luego de desplegar un operativo de seguridad masivo contra una manifestación pacífica de jubilados, que protestaban bajo la lluvia frente al Congreso en Buenos Aires. Esta acción, basada en el polémico “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, terminó con gases lacrimógenos, empujones y una fuerte presencia policial, provocando una fuerte indignación tanto en la ciudadanía como en organismos de derechos humanos. Los adultos mayores exigían una mejora real en sus ingresos, afectados por el ajuste económico que impulsa el presidente Javier Milei.
Esta movilización no es un hecho aislado. Desde diciembre de 2023, todos los miércoles se han realizado protestas encabezadas por jubilados y organizaciones sociales frente al Congreso. En esta ocasión, el descontento se intensificó por el anuncio de un aumento del 7.2% a las pensiones, equivalente a 20 mil pesos argentinos —unos 290 pesos mexicanos—, medida que ya fue vetada por el Ejecutivo, argumentando que pone en riesgo el equilibrio fiscal. La protesta de esta semana fue la primera tras esa decisión y, a pesar de las inclemencias del clima, varios grupos lograron acercarse al complejo parlamentario.
Críticas por el uso excesivo de recursos
Lo que más ha llamado la atención, además del uso de gas y represión, fue el gasto público desmedido que implicó este operativo. Se utilizaron camiones hidrantes, fuerzas federales y un despliegue logístico que provocó caos vial en el centro porteño, paralizando el tránsito y alterando las actividades cotidianas. Algunos sectores cuestionan que el dinero destinado a este tipo de operativos podría haberse invertido en las propias demandas sociales: salud, medicamentos y jubilaciones dignas.
Testimonios de personas mayores que participaron en la marcha reflejan el sentimiento de miedo, desprotección y enojo. “Estamos marchando por la vereda, no hacemos nada, y ellos vienen armados”, expresó una mujer al canal C5N. Otro manifestante aseguró que “el operativo es exagerado, es una pena, un retroceso total”. La imagen de adultos mayores rodeados de policías armados ha generado un fuerte debate en medios nacionales e internacionales.
Una parte de los manifestantes planea continuar con las protestas, sumándose a la movilización convocada en apoyo al hospital público Dr. Garrahan, cuyos trabajadores exigen mejoras salariales desde hace más de tres meses. Además, piden un financiamiento urgente para la salud pública y la restitución de medicamentos gratuitos para jubilados, suspendidos por el recorte al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).
Denuncias ante organismos internacionales
Cabe destacar que organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y Amnistía Internacional ya se han pronunciado sobre lo ocurrido, y no descartan llevar el caso ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas entidades advierten sobre un posible patrón de represión sistemática contra las manifestaciones sociales, lo que podría poner en tela de juicio el respeto a los derechos civiles en la Argentina actual. La continuidad de estas denuncias marcará el pulso político y social de los próximos meses en el país.
