
19 NOVIEMBRE 2025-BACALAR-La deforestación en Quintana Roo mantiene alerta a autoridades federales y estatales, luego de que la expansión de campos agrícolas de comunidades menonitas en Bacalar generara un impacto ambiental significativo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene bajo vigilancia a al menos 14 colonias, con el objetivo de proteger ecosistemas y acuíferos, como la emblemática laguna de Bacalar.
Según Alonso Fernández Lemmen Meyer, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el estado, se trabaja de cerca con autoridades federales para supervisar comunidades como Salamanca, Nicolás Bravo, Laguna, El Bajío, San Fernando, El Paraíso y Blanca Flor, entre otras. Estas zonas han sido señaladas por realizar tala ilegal y modificar el uso de suelo, afectando la selva y los recursos hídricos.
Impacto ambiental y agrícola
La expansión de campos agrícolas menonitas ha afectado miles de hectáreas de selva en Bacalar, lo que ha generado denuncias de apicultores locales y organizaciones ambientales. Los agroquímicos utilizados y los pozos clandestinos representan riesgos para la Laguna de los Siete Colores, un ecosistema que requiere protección urgente y manejo sostenible.

El procurador indicó que, aunque la situación es compleja, ya se han logrado frenar nuevas áreas de deforestación gracias a recorridos de vigilancia e información recabada en terreno. Sin embargo, la vasta extensión territorial de estos asentamientos dificulta la supervisión completa, lo que obliga a mantener un monitoreo constante.
Se informó que, a mediano plazo, se evalúa una segunda fase de acción que podría incluir alternativas como la reubicación parcial de algunas comunidades, con el objetivo de preservar el entorno natural sin afectar la vida de los habitantes. Esta medida forma parte de un plan integral coordinado con la titular de Profepa, Mariana Boy, y otras instancias ambientales.

Supervisión y retos legales
Fernández Lemmen Meyer destacó que la tarea es compleja debido a los asentamientos históricos, que comenzaron en la colonia Salamanca en los años 90 con apenas 30 familias y que ahora han crecido considerablemente. El objetivo es garantizar que las actividades agrícolas cumplan con la legislación vigente y evitar que la deforestación siga avanzando de manera ilegal.
Con base en reportes de organizaciones ambientalistas, la deforestación generada por la expansión agrícola menonita en el sur de Quintana Roo podría superar las 50 mil hectáreas, lo que convierte a la zona en un punto crítico de conservación que requiere atención prioritaria para proteger la biodiversidad y los recursos hídricos del estado.








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