3 DE FEBRERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. Francia ha conseguido finalmente dar luz verde a sus cuentas públicas para el próximo año, poniendo fin a meses de enfrentamientos políticos intensos. El gobierno encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu logró que los planes financieros anuales salieran adelante este lunes, a pesar de que la oposición intentó derribar al gabinete mediante dos mociones de censura que no alcanzaron los votos necesarios. Esta aprobación ocurre en un momento de gran división en la Asamblea Nacional, donde ninguna fuerza política tiene el control total, lo que ha dificultado enormemente el trabajo legislativo desde las últimas elecciones.
Para asegurar la validez de estos recursos económicos estatales, el primer ministro tuvo que aplicar una herramienta legal muy criticada, conocida como el artículo 49.3 de la Constitución francesa. Este mecanismo permite que el gobierno adopte leyes sin necesidad de que los diputados voten, una medida que Lecornu decidió tomar ante la falta de una mayoría clara en el Parlamento. Aunque inicialmente se buscaba un acuerdo mediante el diálogo, la fractura entre los bloques de izquierda, centroderecha y ultraderecha hizo imposible llegar a un consenso tradicional para la votación.
Estrategias políticas y acuerdos con la oposición
Para suavizar el camino de los fondos presupuestarios gubernamentales, el gobierno tuvo que ceder en puntos clave durante las negociaciones previas. Por ejemplo, en diciembre se logró pactar con el sector socialista la parte correspondiente a la Seguridad Social, pero a un costo político alto: suspender hasta el año 2028 la polémica reforma de las pensiones que el presidente Emmanuel Macron había impulsado anteriormente. Este movimiento estratégico fue vital para dividir a la oposición y evitar que las propuestas de censura tuvieran el apoyo masivo necesario para destituir al primer ministro y su equipo.
A pesar de los reclamos, las mociones presentadas por los grupos de izquierda radical y por la ultraderecha fallaron por márgenes considerables. Los legisladores no lograron reunir los apoyos suficientes, quedándose a 29 y 154 votos respectivamente de lograr su objetivo. Con esto, la administración de Macron respira con alivio y asegura el manejo de las arcas públicas en un periodo que Lecornu ha definido como clave para «pasar a otra cosa» y dejar atrás el ambiente de campaña electoral constante que vive el país.
El objetivo económico y los planes a futuro
El propósito principal de estos montos asignados para el gasto público es poner orden en la economía francesa, que actualmente es la segunda más grande de la Unión Europea. El gobierno tiene la meta urgente de reducir el déficit del país, bajándolo del 5.4 por ciento registrado el año pasado a un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante este ejercicio. Sanear las deudas del Estado es visto como una prioridad absoluta para mantener la estabilidad financiera y cumplir con las normativas exigidas por la comunidad europea en materia de gasto.
