
7 de Agosto del 2025.- Pese a tener una de las mayores reservas de litio del mundo, Bolivia sigue sin poder traducir esa riqueza en beneficios económicos concretos. Desde que Evo Morales impulsó en 2008 el sueño de industrializar este recurso, las promesas han ido quedando en el camino, junto con acuerdos fallidos, decisiones políticas controvertidas y desconfianza generalizada hacia los proyectos impulsados por el Estado. A 17 años del anuncio, el país apenas cuenta con una planta que no figura ni en las estadísticas internacionales.
La situación se vuelve aún más crítica en vísperas de las elecciones presidenciales. El gobierno de Luis Arce busca apresurar un acuerdo con empresas chinas y rusas para la producción de carbonato de litio usando tecnología EDL, pero enfrenta acusaciones por falta de transparencia. El Congreso no ha dado luz verde, y las tensiones entre oficialismo y oposición amenazan con dejar el proyecto estancado una vez más.

A esta disputa política se suman las voces de comunidades indígenas y organizaciones ambientales, que critican los contratos por no haber sido consultados adecuadamente. Temen que, como ya ha pasado con otros recursos naturales, se afecte el ecosistema sin que las poblaciones locales reciban beneficios reales. La excesiva demanda de agua y la falta de planes de remediación ambiental aumentan las sospechas.

Lo más grave es que la crisis económica actual en Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes. Con una inflación interanual del 25%, las arcas fiscales vacías y largas filas para conseguir combustible y alimentos, la población enfrenta una realidad muy alejada del discurso del “Dubái del oro blanco”. La inestabilidad política agrava la situación, con el partido oficialista MAS fracturado por una guerra interna entre Evo Morales y Luis Arce.

De fondo, persiste un problema estructural: la falta de capacidad técnica para gestionar el litio. Se han invertido más de 1.100 millones de dólares en proyectos mal planteados, según expertos. La presidencia de la empresa estatal YLB ha recaído en personas sin experiencia, y se han cometido errores técnicos graves, como licitaciones mal evaluadas y selección de socios extranjeros sin criterios sólidos.
