España enfrenta una situación crítica con los fondos europeos Next Generation, destinados a impulsar la economía tras la pandemia. A menos de un año para que expire el plazo para solicitarlos a la Comisión Europea, el país solo ha ejecutado el 35% de los recursos en cuatro años, según los datos disponibles. Esta lentitud obliga al Gobierno a movilizar el 65% restante en apenas 15 meses, lo que implica un desafío logístico y político gigantesco: lograr en un año el doble de ejecución de fondos de lo que se ha conseguido desde 2021.
Este desaprovechamiento de una inyección económica histórica se atribuye directamente al bloqueo legislativo y la parálisis reformista que afecta al Gobierno. La falta de una mayoría parlamentaria estable y la incapacidad de aprobar los Presupuestos para el año 2026 han creado un clima de incertidumbre que impide desplegar los fondos con la intensidad necesaria para transformar el tejido productivo. El Ejecutivo, acorralado por la inestabilidad, se ve incapaz de asegurar la certidumbre que las empresas necesitan para invertir estos recursos.
📉 España, Rezagada en la Ejecución y bajo la Lupa de Bruselas
El plan Next Generation de la Unión Europea ha entrado en su recta final y España no se encuentra entre los países aventajados. De hecho, naciones como Italia, Portugal y Croacia van por delante en el cumplimiento de los hitos requeridos para conseguir los pagos. De los 163.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a los que España tiene derecho, la Comisión Europea solo ha transferido 71.360 millones. Esto deja pendiente más de la mitad de la ayuda, y el país ya sufrió una penalización el pasado mes de julio, cuando Bruselas negó 1.100 millones de euros por el incumplimiento de algunos hitos, incluyendo el alza fiscal al diésel.
El desbloqueo de los cuatro tramos de dinero comunitario que faltan está condicionado al cumplimiento de compromisos y la aprobación de leyes clave que continúan en el aire, como la de movilidad sostenible. Estas reformas son fundamentales, ya que de la llegada de los fondos dependen la transformación digital (vital para las pymes) y la transformación medioambiental, además de los grandes proyectos estratégicos (PERTE) como el del vehículo eléctrico. Aunque se han logrado algunos objetivos concretos, como la aprobación de tres gigafactorías, el propósito central de los fondos—la transformación integral del tejido productivo— sigue muy lejos de materializarse, como lo demuestra el estancamiento de la productividad en estos años.
El riesgo de desaprovechar la inyección económica de los Next Generation también se relaciona con la falta de capacidad técnica y la burocracia en las comunidades autónomas y los ministerios, que han sido lentos en la publicación de convocatorias y en la adjudicación de las ayudas. Un análisis reciente del sector privado señala que la excesiva complejidad en los trámites y la fragmentación de la gestión entre múltiples administraciones han actuado como un cuello de botella, dificultando que especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son el verdadero motor de la economía, puedan acceder y ejecutar estos fondos de manera eficiente y en los plazos establecidos.
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