A partir del 1 de julio de 2025, Florida implementó una reforma legislativa que marca un giro en su normativa educativa: ya no se prohíbe el castigo físico en las escuelas públicas, sino que exige el consentimiento explícito de los padres. La ley HB 1255 obliga a los distritos que lo permiten a obtener esta autorización, ya sea al inicio del ciclo escolar o antes de cada aplicación del castigo.
Durante el ciclo 2023–2024, se contabilizaron 516 casos de castigo corporal en 17 distritos escolares, según datos del Departamento de Educación. Estas prácticas continúan activas en múltiples condados rurales del norte del estado como Suwannee, Holmes, Columbia, Jackson, Gilchrist y otros.
La reforma nació tras un impulso de estudiantes de la Universidad de Florida vinculados al Florida Student Policy Forum, quienes abogaron inicialmente por una prohibición total, pero optaron por una solución intermedia ante las resistencias legislativas. Jacob Kaplan, presidente del grupo, y Graham Bernstein, ex director político, destacaron la relevancia de crear un “registro escrito o electrónico” que respalde las decisiones, tanto para familias como para docentes.
Críticas y defensores
- Katie Becker, de Parenting Matters, advierte que “hay evidencia que demuestra que el castigo corporal afecta negativamente el futuro de un niño.”
- Mientras tanto, la representante Dana Trabulsy, autora del proyecto de ley, lo describe como un compromiso pragmático, que conserva opciones para quienes las elijan al tiempo que establece más control.
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