TOLUCA, Méx., abril 19 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República, junto con los representantes de cinco fiscalías estatales, entre ellas Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, rechazaron el acuerdo para eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tome en cuenta aspectos como que dicha medida es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto.
Germán Adolfo Castillo Banuet, Fiscal Especializado de Control Regional en representación del Fiscal General de la República, especificó que con la eliminación de la prisión preventiva, se otorgaría libertad a cerca de 68 mil personas sujetas a esta medida por delitos de trascendencia penal que afectan los bienes jurídicos de mayor valía.
“Quienes integramos la Zona Centro de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, solicitamos atentamente a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectuar una profunda reflexión sobre la realidad social en México”, dijo Adolfo Castillo.
El rechazo, sentenció, es contra una jurisprudencia sobre la demanda de amparo con la que se orden suspender el cumplimento de una orden de aprehensión por delitos graves como feminicidio, homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, por mencionar algunos.
Por lo anterior, la Fiscalía General de la República, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las Fiscalías y Procuradurías de todo el país, han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emita un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos, y de eso hemos hablado durante nuestra reunión.
“Estamos convencidos que deben privilegiarse los derechos de las víctimas respecto de los derechos de los imputados, para evitar la victimización institucional sistemática por falta de garantías a su seguridad”, subrayó.
Castillo Banuet destacó que como autoridad, deben mostrar apertura a escuchar a las víctimas y ofendidos, con el objetivo de que perciban directamente los riesgos a los que se les expondría si se invalida la prisión preventiva oficiosa.
Resaltó la impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión, pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha ocurrido constantemente, en muchos casos.
Esta nota FGR y fiscalías rechazan acuerdo para eliminar prisión preventiva apareció primero en Diario de Yucatán.
