
12 de Diciembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo llevó a cabo un importante operativo en el municipio de Puerto Morelos, logrando el resguardo de tres personas que vivían y trabajaban en condiciones sumamente vulnerables. Gracias a las investigaciones previas y la intervención directa de la Policía de Investigación, se pudo sacar de esa situación de abuso a dos adolescentes y a un adulto mayor. Estas acciones forman parte de una estrategia integral de las autoridades para combatir la explotación laboral en la entidad, garantizando que se respeten los derechos humanos de los trabajadores y se castigue a quienes se aprovechan de la necesidad ajena.
El operativo se realizó tras el cumplimiento de una orden de cateo autorizada por un Juez de Control, la cual fue ejecutada de manera precisa por los elementos asignados al caso. El lugar intervenido es un establecimiento comercial situado estratégicamente sobre la carretera federal Cancún–Valladolid, específicamente en la Supermanzana 1 de la localidad de Leona Vicario. Al llegar al sitio, los agentes ministeriales corroboraron las denuncias y procedieron a inspeccionar el área, confirmando la presencia de las víctimas de explotación laboral en el interior del inmueble.
Condiciones precarias y abusivas
De acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución, las condiciones en las que se encontraban las víctimas eran deplorables y representaban un peligro constante para su salud física e integridad. Tanto los dos jóvenes como la persona de la tercera edad eran obligados a realizar trabajos pesados que no correspondían a su capacidad ni edad, tales como la carga y descarga de diversos materiales de construcción. Además de la dureza de la tarea física, sufrían malos tratos constantes por parte del encargado y estaban expuestos a accidentes graves, ya que no se les proporcionaba ningún tipo de equipo de seguridad para evitar riesgos en este entorno de explotación laboral.
La investigación reveló que las jornadas de trabajo eran extenuantes y violaban claramente lo establecido por la normativa vigente en México. Las víctimas laboraban de lunes a domingo, sin días de descanso y cubriendo horarios que superaban por mucho el tiempo permitido legalmente para cualquier trabajador, y mucho menos para menores o adultos mayores. A cambio de este esfuerzo desmedido, recibían un pago sumamente bajo de apenas mil 500 pesos a la quincena, una cifra que evidencia el abuso y la ventaja económica que el empleador tomaba, configurando el delito de explotación laboral.

Detención del responsable y resguardo
Como resultado de la intervención de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas, se logró la detención en flagrancia del presunto responsable de estos actos. El hombre, identificado como Heberto José “N”, fungía como el encargado del establecimiento al momento del cateo y fue puesto a disposición inmediata de las autoridades correspondientes. Se le acusa por su probable participación en hechos constitutivos de delito, específicamente relacionados con la explotación laboral de menores de edad y personas vulnerables en este negocio de venta de materiales.
Una vez concluido el operativo y asegurada la evidencia necesaria, los agentes procedieron a la clausura temporal del inmueble para evitar que continúe operando bajo estas circunstancias. Se colocaron los sellos de aseguramiento oficiales en los accesos del negocio, indicando que el lugar queda bajo resguardo de la Representación Social mientras continúan las investigaciones complementarias. Esta acción busca evitar la repetición de los ilícitos y preservar la escena para fortalecer la carpeta de investigación iniciada en contra de la explotación laboral detectada en la zona de Leona Vicario.
Lo más importante de esta diligencia fue la atención inmediata y humanitaria brindada a los afectados tras su liberación del entorno abusivo en el que se encontraban. Los dos adolescentes y el adulto mayor fueron resguardados y canalizados a las instituciones de asistencia social correspondientes para recibir atención integral, médica y psicológica. El objetivo principal es restituir sus derechos vulnerados y garantizar que reciban la protección necesaria para recuperarse de las secuelas físicas y emocionales dejadas por la explotación laboral que sufrieron.








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