La economía local en el Estado de México sufre el acoso silencioso pero devastador de La Familia Michoacana. Este grupo criminal ha establecido un control codicioso sobre la vida cotidiana, obligando a comercios, ferreterías, carnicerías y otros negocios a operar bajo su mandato y pagar cuotas que elevan los precios de productos básicos. Las estimaciones del Tecnológico de Monterrey apuntan a pérdidas cercanas a los 4.5 millones de pesos solo en 2024, una señal clara de cómo el narco erosionó la confianza de inversionistas y frenó el desarrollo económico regional.
Para combatir este daño estructural, se lanzó la “Operación Liberación”: una acción coordinada entre autoridades federales y estatales que logró el aseguramiento de 52 establecimientos en los que esta célula criminal, liderada por los hermanos El Pez y El Fresa, extendía su red de control a través de extorsiones, acaparamiento y amenazas. Aún así, la cifra negra —el número de víctimas que no denuncian por miedo— permanece alta, reflejo del temor y de la impunidad que impera en muchas comunidades.
Esta estrategia de dominación económica, tan sutil como letal, ha impuesto sobreprecios escalofriantes en varios productos: desde varilla y cemento hasta carne y pollo, cuyos precios se multiplicaban de forma desproporcionada en municipios como Valle de Bravo, Sultepec o Texcaltitlán. La red incluso infiltró sindicatos para controlar el transporte, y retuvo paquetería de servicios como Mercado Libre o FedEx, exigiendo pagos adicionales a quienes deseaban recibir sus envíos.
Frente a esta realidad insostenible, el gobierno estatal impulsa una nueva legislación: la Ley General Contra la Extorsión. Su objetivo es que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, sin depender de denuncias ciudadanas, en un intento de empoderar a quienes actualmente están silenciados por el miedo.
El impacto económico de La Familia Michoacana no solo se limita a los comercios afectados, sino que también golpea directamente a las familias que dependen de esos servicios y productos para su vida diaria. Los precios inflados provocan una carga extra en los hogares, que en muchos casos ya enfrentan dificultades económicas, incrementando la desigualdad y limitando el acceso a bienes básicos.
Además, la infiltración de este grupo criminal en actividades cotidianas genera un clima de miedo constante en la población. Muchas víctimas optan por no denunciar por temor a represalias, lo que perpetúa la impunidad y permite que estas prácticas sigan expandiéndose. Esta situación evidencia la urgencia de fortalecer no solo las estrategias de seguridad, sino también los programas de apoyo social y protección a quienes se atreven a enfrentar a estas organizaciones.
