20 DE MAYO 2025- Una denuncia por corrupción ha generado gran impacto en Quintana Roo, luego de que una mujer extranjera acusara públicamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de no actuar ante un grave delito cometido contra su hijo. La madre acudió a una audiencia pública con la gobernadora Mara Lezama, donde expresó su frustración y dolor por la falta de avances en el caso y la supuesta protección a los responsables por parte de la Fiscalía.
Acusan a Fiscalía de Archivar el Caso sin Investigar
Durante su intervención, la mujer explicó que interpuso una denuncia en la FGE de Quintana Roo, pero la institución, dirigida por Raciel López Salazar, no avanzó en las investigaciones. Aseguró que su caso fue “carpeteado”, es decir, archivado sin una revisión a fondo. Esta situación ha sido interpretada por ella como un acto de corrupción dentro de la Fiscalía, ya que afirma que existen pruebas que no fueron tomadas en cuenta.
Mujer Pide Apoyo Directo de la Gobernadora
En medio de la audiencia, la mujer pidió ser atendida directamente por la gobernadora, asegurando que no confía en la Fiscalía por su comportamiento. En varias ocasiones expresó sentirse sola y sin protección, y recalcó que su único objetivo es obtener justicia para su hijo. A pesar de la tensión en el lugar, Mara Lezama intentó calmarla y ofreció atención directa al caso.
Confianza Ciudadana en Riesgo
Este caso ha encendido las alarmas sobre la credibilidad de las instituciones de justicia en Quintana Roo. Diversas organizaciones sociales han mostrado su respaldo a la denunciante y exigido que se revise el actuar de la Fiscalía. La situación también representa un reto importante para el gobierno estatal, que deberá demostrar transparencia, sensibilidad y rapidez en la atención de casos similares.
Llamado a una Investigación Imparcial
Colectivos ciudadanos han solicitado que el caso sea reabierto y que se realice una investigación imparcial que garantice justicia. Aseguran que no se puede permitir que situaciones tan delicadas queden sin resolver por supuestas fallas institucionales. La ciudadanía sigue de cerca el desarrollo del caso, esperando que se marque un precedente positivo para evitar futuros actos de corrupción en la Fiscalía.
