La aprobación de la nueva Ley General contra la extorsión marca un cambio importante en la estrategia nacional para combatir uno de los crímenes que más afecta a agricultores, ganaderos, comerciantes y sectores productivos del país. Según informó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, las penas ahora estarán homologadas en todo México y podrán alcanzar hasta 33 años de prisión cuando las víctimas pertenezcan a actividades agrícolas, pesqueras, ganaderas, industriales o de servicios. El legislador afirmó que esta reforma representa un paso firme para frenar un delito que daña profundamente a las comunidades rurales y económicas del país.
En entrevista con MILENIO Televisión, Gutiérrez Luna declaró que la jornada fue “un gran día para México y un día negro para la delincuencia”, ya que las penas incluidas en la nueva legislación son “importantes y severas”. También explicó que se castigará con la misma gravedad a quienes obliguen a fijar precios en productos básicos como el pollo, el huevo, la carne o la tortilla, prácticas que, señaló, afectan directamente a consumidores y productores. Estas conductas, que buscan controlar mercados regionales, serán sancionadas con hasta 33 años de cárcel debido al impacto que generan en la vida cotidiana de miles de familias.
PENAS AGRAVADAS PARA EXTORSIÓN DIGITAL Y VÍNCULOS CON GRUPOS CRIMINALES
La nueva ley también contempla penas de hasta 37 años para quienes extorsionen mediante videos, audios o amenazas falsas sobre secuestros, así como para quienes atenten contra personas vulnerables como migrantes, menores de edad o mujeres embarazadas. Estas modalidades, cada vez más frecuentes por el uso de tecnologías digitales, han generado preocupación entre especialistas que advierten del incremento de fraudes y extorsiones telefónicas que operan desde distintos puntos del país.
No obstante, las sanciones más severas, de hasta 42 años de prisión, recaerán sobre aquellos que utilicen violencia física, armas de fuego o se presenten como miembros de la delincuencia organizada para intimidar a sus víctimas. Además, cualquier servidor público que participe en actos de extorsión también enfrentará castigos más altos, con el fin de frenar la complicidad institucional que ha permitido el crecimiento de estas redes delictivas en diversas regiones.
HOMOLOGACIÓN Y RETOS EN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY
Gutiérrez Luna subrayó que el castigo a la extorsión en México queda homologado a nivel nacional, una medida que, por primera vez, unifica el combate legal contra este delito en todo el territorio. Antes de esta reforma, cada entidad federativa mantenía criterios distintos, lo que generaba vacíos legales y dificultades para perseguir a grupos dedicados a este crimen. Ahora, el objetivo es simplificar los procesos judiciales y fortalecer la coordinación entre estados y federación.
Como valor agregado, expertos en seguridad advierten que, aunque la reforma es un avance significativo, su efectividad dependerá de que las víctimas se sientan seguras para denunciar. Actualmente, la mayoría no lo hace por miedo, desconfianza en las instituciones o represalias. Por ello, consideran indispensable que la nueva ley venga acompañada de mejoras en la protección a denunciantes, capacitación especializada para policías y ministerios públicos, y herramientas de inteligencia financiera capaces de atacar el flujo económico de los grupos que viven de la extorsión.
