CIUDAD DE MÉXICO.— El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no encontró elementos suficientes para responsabilizar al gigante tecnológico Google por la comisión de prácticas de abuso de poder de mercado en el negocio de publicidad digital en México, por lo que ordenó cerrar el caso que seguía en su contra, informó el organismo.
El fallo puso fin a un proceso que, en sus diferentes fases, tomó casi cinco años, pues el caso se abrió el 10 de agosto del 2020, cuando la Autoridad Investigadora de la Cofece (AI) notificó el inicio de la investigación.
La indagatoria se concluyó el 21 de junio del 2023 —la AI agotó su término máximo de investigación— y el 8 de noviembre de ese año la Cofece informó que había emplazado al agente económico investigado, tras determinar que había indicios suficientes para imputarlo.
Con el emplazamiento se activó el procedimiento seguido en forma de juicio, que tomó alrededor de año y medio. Formalmente, la AI acusaba a Google de cometer prácticas monopólicas relativas, que ocurren cuando una empresa dominante abusa de su poder de mercado.
¿De qué se le acusaba a Google?
En particular, Google era señalada por ejercer la práctica de ventas atadas, consistente en condicionar la venta de un producto a la adquisición de otro.
La hipótesis era que el diseño de la plataforma de Google para la compra de publicidad en línea condicionaba la contratación conjunta de dos servicios de publicidad, lo que podría traducirse en una ventaja indebida frente a competidores en el ecosistema digital.
La investigación se centró en dos productos de publicidad ofertados por Google:
- 1) Los servicios de publicidad en su página de búsqueda
- 2) Los servicios de publicidad en páginas web de terceros.
Tras el análisis de la evidencia aportada por la AI y de la defensa de Google, el pleno de la Cofece determinó que los usuarios podían contratar publicidad en el buscador de Google sin la obligación de contratar publicidad en páginas web de terceros.
El Pleno de la Cofece observó que muchos usuarios, por razones estratégicas o comerciales, optaban voluntariamente por contratar uno u otro servicio de publicidad ofertado.
“Tras un análisis integral de la evidencia con base en criterios técnicos, económicos y jurídicos, el Pleno concluyó que no existe una obligación o imposición real por parte de Google a los usuarios para contratar ambos servicios. Por lo tanto, no se trata de una venta atada y no se acredita una infracción a la Ley”, informó el viernes pasado la Cofece.
De los siete miembros del pleno de la Cofece, votaron únicamente cinco, pues la comisionada presidenta Andrea Marván Sealtiel y la comisionada Ana María Reséndiz estuvieron excusadas de conocer el caso. La primera porque laboraba en la AI cuando esta indagaba a Google y la segunda por estar en un conflicto de interés con la acusada.
Esquiva multa
De haber sido encontrada culpable, la empresa podría haber sido multada con hasta 8% de sus ingresos.
