18 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Los Comités de Cuenca Río Sonora han lanzado un llamado urgente a una delegación especial de la Unión Europea que se encuentra de visita oficial en México. El mensaje es claro: piden a las naciones europeas que dejen de ser “cómplices” de las actividades del grupo minero de Germán Larrea. Según las denuncias de los habitantes, la empresa ha vulnerado de forma sistemática los derechos humanos de diversas comunidades durante más de once años, sin que hasta el momento se haya logrado una reparación integral del daño ambiental causado en la región norte del país.
Ante la presencia de diplomáticos y de Kajsa Ollongren, representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, los afectados detallaron la conexión económica actual. Se estima que al menos 41 fondos de inversión provenientes de países europeos tienen una relación comercial directa con el consorcio minero de Germán Larrea. Estas inversiones representan una suma superior a los 700 millones de euros, dinero que, según los comités, proviene de entidades financieras de países como Noruega, Suecia y Francia, financiando indirectamente a la empresa responsable del peor desastre ambiental minero en la historia de México.
Impacto en la salud y el medio ambiente
La situación en las localidades de Aconchi, Arizpe, Ures y Bacanuchi es crítica, ya que los habitantes aseguran que el agua sigue contaminada. Desde el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en 2014, la salud de las familias que viven cerca del imperio minero de Germán Larrea ha empeorado drásticamente. Martha Aguirre, integrante de los comités, denunció que los casos de cáncer han aumentado y que las plantas potabilizadoras instaladas no funcionan correctamente para eliminar los metales pesados del agua que consumen diariamente miles de personas.
A pesar de las promesas de las autoridades y de la propia empresa, los afectados señalan que no existe un hospital especializado ni medicamentos suficientes para atender las enfermedades crónicas derivadas de la toxicidad del río. Los representantes de la comunidad lamentan que los inversionistas extranjeros se estén enriqueciendo a costa del sufrimiento de los pueblos afectados. Para ellos, mantener el flujo de capital hacia el negocio minero de Germán Larrea es una forma de perpetuar la violación de sus derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente sano.
Falta de transparencia en las negociaciones
Otro punto de conflicto es la exclusión de los habitantes en las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la empresa. Los Comités de Cuenca manifestaron que, aunque el gobierno afirma mantener conversaciones con el gigante minero de Germán Larrea, los acuerdos se toman a puerta cerrada. La última reunión informativa que tuvieron con la Secretaría del Medio Ambiente fue en mayo pasado, y desde entonces reina la incertidumbre sobre el futuro de los planes de justicia ambiental y el acceso real al agua potable.
Los activistas exigen ser incluidos en cualquier proceso de negociación, pues consideran que son ellos quienes viven las consecuencias directas de la contaminación. No aceptarán más retrasos en las garantías de seguridad hídrica y atención médica. Mientras tanto, el llamado a la Unión Europea permanece firme: revisar sus inversiones para asegurar que su capital no siga respaldando las operaciones del operador minero de Germán Larrea, cuya presencia en Sonora sigue siendo sinónimo de conflicto y enfermedad para más de 22 mil personas.
El factor de la «Nueva Ley Minera»
