18-Agosto-2025.-.Desde el interior del penal Santa Martha Acatitla, Dulce Belem Sánchez, ex policía federal víctima de tortura, lleva más de 13 años encarcelada y continúa insistiendo en que es inocente. Su caso ha generado atención mediática y judicial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgara un amparo que invalidó las diligencias con las que fue sentenciada, aunque su condena de más de 69 años por dos casos de secuestro no ha sido modificada.
En mayo pasado, la Primera Sala de la SCJN concedió el amparo para dejar sin efecto las diligencias que derivaron en su condena. A pesar de esto, la Sexta Sala Penal de la Ciudad de México mantuvo la sentencia intacta. El tribunal no tomó en cuenta las pruebas que demuestran la tortura que Dulce sufrió durante su detención en enero de 2012, misma que provocó la pérdida de los gemelos que esperaba.
La ex policía federal ha denunciado que la justicia no ha considerado los daños físicos y emocionales que sufrió, y que la decisión de la sala penal ignora la autoridad de la Suprema Corte. “La Suprema declinó todas esas pruebas y a la sala no le importó y sin embargo las dio, nuevamente me dio 69 años, cuatro meses, 16 días, no modificó nada”, señaló en entrevista con MILENIO.
Dulce enfatiza que su lucha no es solo por ella, sino por su hijo de seis años, con quien desea reunirse y recuperar la convivencia. Su historia ha generado un debate sobre el uso de la tortura en detenciones, la revisión de pruebas y la aplicación de justicia en casos de alto perfil. La víctima solicita que la Presidenta de México atienda su situación, buscando un reconocimiento de su inocencia y una oportunidad de reparación.
El caso de Dulce Sánchez evidencia graves fallas en la protección de derechos humanos dentro del sistema penal mexicano. Expertos en derecho señalan que mantener la condena a pesar del amparo de la SCJN cuestiona la eficacia de los mecanismos judiciales para garantizar justicia y protección frente a tortura y abuso en detenciones. Además, resalta la necesidad de protocolos que prevengan la vulneración de los derechos de detenidos, especialmente mujeres embarazadas o en condiciones vulnerables.
La defensa de Dulce continúa impulsando recursos legales y busca que instancias nacionales e internacionales revisen su caso, considerando el historial de tortura y violaciones procesales. La atención pública y mediática es clave para presionar por una resolución justa.
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