17 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia ejemplar de 70 años de prisión en contra de María Elena Martínez Robles, quien fuera la ex alcaldesa de Amanalco. La resolución judicial la señala como la responsable intelectual del asesinato de Miguel Ángel Lara de la Cruz, quien se desempeñaba como síndico municipal de la misma localidad. El crimen, ocurrido en enero de 2023, conmocionó a la opinión pública al revelarse que el ataque fue planeado con alevosía y ventaja debido a conflictos por el control político del ayuntamiento.
Durante la audiencia realizada en el penal de Santiaguito, el juez explicó que la ex munícipe de Amanalco utilizó su poder para ordenar la ejecución del síndico tras una larga disputa que inició desde las elecciones de 2021. Aunque ambos llegaron al cargo bajo la bandera de Movimiento Ciudadano, la funcionaria cambió su afiliación a Morena poco antes de tomar protesta, lo que fracturó la relación con su equipo de trabajo. Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que las diferencias políticas fueron el motivo principal para silenciar a su compañero de administración.
Los detalles del crimen y el vínculo con la delincuencia
Las pruebas presentadas confirmaron que la ex funcionaria municipal de Amanalco tendió una trampa a la víctima el 25 de enero de 2022, enviándolo a una supuesta comisión oficial en el municipio de Zacazonapan. Mientras el síndico viajaba por carretera, fue interceptado por un comando armado que le quitó la vida a él y a su chofer. Se descubrió que la presidenta municipal solicitó el apoyo de un grupo delictivo con presencia en la zona sur del estado para llevar a cabo el atentado, aprovechando sus nexos con el crimen organizado.
De acuerdo con el expediente, la ex presidenta de Amanalco mantenía reuniones constantes con líderes criminales, a quienes no solo brindaba protección, sino que también financiaba con dinero público de la hacienda municipal. Estas actividades ilícitas salieron a la luz tras su detención en la llamada «Operación Enjambre», un despliegue masivo de las autoridades para limpiar las instituciones de funcionarios coludidos con la delincuencia. La sentencia de 70 años representa la pena máxima por este delito, considerando la gravedad de las agravantes encontradas por el juzgador.
Reparación del daño y el impacto de la Operación Enjambre
Además de la larga condena en prisión, la ex servidora pública de Amanalco deberá pagar una multa de 207 mil 234 pesos por cada una de las víctimas como parte de la reparación del daño. El juez también determinó la suspensión total de sus derechos civiles y políticos, lo que garantiza que no podrá volver a ocupar ningún cargo de elección popular. Este fallo es considerado un mensaje contundente contra la impunidad en el servicio público y un recordatorio de las consecuencias de pactar con grupos fuera de la ley.
Esta resolución se convierte en la onceava sentencia condenatoria lograda dentro de la Operación Enjambre, la cual ha sido una de las estrategias más ambiciosas de la Fiscalía mexiquense. Hasta el momento, este operativo ha logrado la captura de 60 presuntos responsables y mantiene el foco sobre 16 objetivos prioritarios que utilizaban sus puestos de poder para fines criminales. Con este caso, se cierra un capítulo de violencia política en la región, aunque las investigaciones continúan para desarticular por completo las redes de apoyo que permitieron tales abusos en el sur de la entidad.
El trasfondo de la «Operación Enjambre»
