El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, ha anunciado que presentará en septiembre un proyecto de ley para combatir la prostitución, siguiendo el modelo abolicionista implementado en países como Suecia, Noruega y Francia. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad y anunciada por la ministra Ana Redondo en junio, busca erradicar la explotación sexual mediante la penalización de quienes compran servicios sexuales. En Suecia, esta medida se aplica desde 1998, convirtiendo la compra de servicios sexuales en delito por decisión parlamentaria.
🧭 Contexto internacional: modelos abolicionistas
Suecia fue pionera en este enfoque, y su legislación ha servido de inspiración para otros países europeos. Francia, por ejemplo, aprobó en 2016 sanciones de hasta 1.500 euros para los clientes, con multas que se duplican en caso de reincidencia. Además, implementó un fondo para el acompañamiento social y profesional de las trabajadoras sexuales que deseen abandonar la actividad.
Noruega adoptó una legislación similar en 2008, penalizando la compra de sexo con multas o penas de prisión de hasta seis meses, o con ambas. La ley también tiene carácter extraterritorial, es decir, un ciudadano noruego que viaje al extranjero para adquirir servicios sexuales puede ser condenado en su país.
⚖️ Situación en España: hacia la abolición
Actualmente, la prostitución es legal y regulada en países como Alemania, Países Bajos, Austria y Suiza, mientras que en España carece de una normativa específica. Con esta propuesta, el Gobierno español busca dar un paso hacia la abolición y alinearse con un modelo que considera la prostitución como una forma de violencia y explotación.
🗣️ Reacciones y debates
La propuesta ha generado un intenso debate en la sociedad española. Organizaciones de derechos humanos y feministas han expresado su apoyo, argumentando que esta medida protegerá a las personas en situación de prostitución y reducirá la demanda. Sin embargo, algunas trabajadoras sexuales y asociaciones que las representan han manifestado su preocupación, señalando que la penalización de los clientes podría llevar la actividad a la clandestinidad, aumentando los riesgos para las personas involucradas.
