BOGOTÁ.— El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, presentó ayer su “renuncia irrevocable”, después de que el propio presidente y su aliado desde hace años, Gustavo Petro, se la pidiera en mitad de escándalos que salpican a las dos partes y un aparente fuego cruzado.
Petro lleva días defendiendo a su ministro de Hacienda, quien lo acompaña en su círculo más próximo desde que era alcalde de Bogotá, frente a las acusaciones de que le señalaban en el escándalo de corrupción más grande que afronta el gobierno y que tiene como centro la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).
Bonilla fue señalado como la persona que autorizó el desembolso del presupuesto de la Ungrd, después de que se conociera la malversación de 46,800 millones de pesos (unos 11.7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
Según un chat publicado por Noticias Caracol, el ahora exministro supuestamente coordinó la adjudicación de tres contratos por 92,000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del gobierno. Sin embargo aún no ha sido acusado formalmente por la Fiscalía y solo le están investigando.
Arremetida
La renuncia se produce el mismo día que se conoció una arremetida del propio Bonilla con lo que más le duele a Petro, su familia.
Este mismo miércoles se conoció una carta enviada a finales del mes pasado por Bonilla a la Fiscalía, en la que informa al ente acusador de presuntos hechos ilegales del hijo adoptivo del mandatario y primogénito de su esposa, Nicolás Alcocer, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
La carta se envía respecto a la investigación sobre la central hidroeléctrica Urrá, que opera en el Caribe, y en ella el ministro quiere aportar a la Fiscalía supuesta información que le llegó sobre las presiones indebidas para favorecer contratos con la hidroeléctrica, cuya mayoría accionaria la tiene el Estado.
Bonilla asegura que Roa, quien fue el gerente de la campaña de Petro y ya es investigado por posibles irregularidades en la financiación de la misma, “quiere quedarse con toda la energía y las empresas rentables del sector”.
Y también denuncia a Alcocer, que es el segundo hijo de Petro al que salpica la polémica, por tratar de “ejercer presiones indebidas” en la junta de Ecopetrol “para tomar control de la misma y favorecer a sus amigos más cercanos”.
Además de denunciar a funcionarios y contratistas externos, que habrían contado con “pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica”, Bonilla habla de presuntas presiones ejercidas por Roa y Alcocer sobre la junta directiva de Urrá.
No es la primera vez que un hijo de Petro se ve involucrado en un caso que estudia la Fiscalía, pues el primogénito, Nicolás Petro, está actualmente acusado de presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales y se encuentra en detención domiciliaria en Barranquilla desde mediados de 2023.
