La situación de violencia contra las mujeres en la frontera ha alcanzado un punto crítico, según una reciente denuncia de la organización civil Red Mesa de Mujeres. Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, ha sido señalada como el municipio con el índice más alto de violencia por feminicidios en el país, un escenario agravado por una impunidad que roza el 90 por ciento. Esto significa que solo uno de cada diez casos de feminicidio es investigado a fondo y judicializado por las autoridades locales, un porcentaje alarmantemente bajo que permite que la mayoría de los responsables queden sin castigo.
La crítica apunta directamente a la administración municipal encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, a quien la Red Mesa de Mujeres exige una respuesta inmediata y efectiva. Yadira Cortés, integrante de la organización, enfatizó la urgencia de “fortalecer la atención en primera línea” para las víctimas y sus familias. La impunidad no solo revictimiza, sino que envía un mensaje de permisividad a los agresores, perpetuando un ciclo de violencia en Ciudad Juárez que parece no tener fin.
La Falta de Estrategia Municipal y los Números del SESNSP
La Red Mesa de Mujeres cuestionó severamente la respuesta y la gestión de las autoridades de Ciudad Juárez, a pesar de que la propia información oficial muestra la gravedad del problema. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que el municipio fronterizo tiene los más altos registros de feminicidios a nivel nacional. Esta estadística oficial subraya la necesidad de una intervención urgente y concertada que trascienda las declaraciones.
Yadira Cortés atribuyó este desolador escenario a la “falta de una estrategia municipal efectiva”, una carencia que se traduce en cifras de impunidad inaceptables. Que tan solo el 10 por ciento de los casos llegue a judicializarse o culmine con la detención del responsable es una muestra del fracaso en la procuración de justicia. Ciudad Juárez se mantiene, por esta inacción, como un foco rojo nacional en delitos cometidos contra mujeres.
La preocupación de la activista se extendió a la ausencia de políticas locales de prevención sólidas, señalando que esta inacción ha provocado una concentración alarmante de casos de feminicidio en colonias específicas. Puso como ejemplo Riberas del Bravo, donde entre enero y agosto de este año se contabilizaron 115 feminicidios. Estos números no solo son una estadística, sino la prueba de que el riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez varía dramáticamente por zona, evidenciando que el crimen se ha enraizado en la geografía urbana por la falta de vigilancia y atención focalizada.
La Red Mesa de Mujeres ha solicitado que esta problemática sea considerada una alerta máxima para todas las instancias gubernamentales, con especial énfasis en la presidencia municipal que dirige Cruz Pérez Cuéllar. La organización demanda un giro radical en la política de seguridad y justicia, pasando de una respuesta reactiva y fallida a una estrategia proactiva y preventiva que realmente proteja la vida de las mujeres.
Es crucial señalar que la impunidad en Ciudad Juárez está históricamente ligada a la debilidad institucional que la Red Mesa de Mujeres lleva décadas denunciando. A principios de los 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había emitido medidas cautelares en la región por los feminicidios. El hecho de que dos décadas después la impunidad se mantenga en un 90 por ciento demuestra que las fallas en la investigación, la falta de perspectiva de género en las indagatorias y la escasa capacitación de los cuerpos policiales y ministeriales son problemas sistémicos y no hechos aislados, lo que intensifica la urgencia de la intervención municipal que se exige a Cruz Pérez Cuéllar.
Esta grave situación de violencia en Ciudad Juárez trasciende el feminicidio. La denuncia de la Red Mesa de Mujeres también ubicó al municipio en el sexto lugar en indicadores de violencia sexual infantil e infanticidio. Esto evidencia que la violencia de género es un problema multifactorial que afecta a mujeres y niñas en todos los ámbitos, desde la calle hasta el seno familiar, demandando una intervención integral.
La solicitud de la Red Mesa de Mujeres no se limita a exigir castigo para los feminicidas; también pide a la administración de Cruz Pérez Cuéllar que fortalezca las estrategias de prevención y atención desde el sistema local de desarrollo integral de la familia (DIF municipal). Esto subraya la necesidad de abordar el problema desde sus raíces sociales y familiares, a través de programas que ofrezcan apoyo a víctimas de violencia sexual infantil y a familias en riesgo.
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