14 NOVIEMBRE 2025-NACIONAL-El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de reformas para reforzar el marco legal en torno al delito de despojo, estableciendo una pena de hasta 11 años de prisión y sumando 13 nuevas agravantes que podrían duplicar la sanción. Una de las modificaciones más relevantes es que la prescripción de este delito solo comenzará a correr una vez que el inmueble sea devuelto a su propietario legítimo, lo que busca cerrar la puerta a prácticas que dejaban a las víctimas en un limbo legal por años. Esta medida ha sido presentada como una respuesta directa al crecimiento de esquemas fraudulentos de ocupación ilegal que afectan tanto a particulares como a pequeñas empresas.
Las reformas también ponen bajo la lupa la actuación de los notarios, a quienes se les impondrán sanciones más estrictas cuando participen, por negligencia o mala fe, en actos que favorezcan un despojo. Los legisladores resaltaron que estas prácticas han permitido, en muchos casos, que redes de falsificación y grupos delictivos se aprovechen de vacíos registrales para apropiarse indebidamente de bienes inmuebles. La nueva responsabilidad notarial obligará a un proceso de verificación más riguroso, lo que podría representar un avance para disminuir fraudes inmobiliarios.
De acuerdo con el dictamen, los casos de despojo en la capital han mostrado variaciones menores en los últimos años. En los primeros nueve meses de 2023 se registraron 2 mil 983 carpetas; en el mismo periodo de 2024 la cifra bajó a 2 mil 814, pero volvió a subir a 2 mil 896 en 2025. Aunque no representan un incremento explosivo, los números reflejan un fenómeno persistente que afecta la certidumbre jurídica de miles de familias, especialmente en zonas con alta demanda inmobiliaria.
Otra de las reformas relevantes aprobadas por el Congreso endurece las sanciones para quien cometa el delito de amenazas, que ahora podrá castigarse con hasta dos años de prisión. En caso de que la agresión ocurra en un contexto familiar o entre parejas, la sanción podría aumentar a tres años, además de multas de hasta 900 UMA. Con este ajuste, las autoridades buscan fortalecer la protección a víctimas en ámbitos domésticos, donde persisten altos niveles de violencia que con frecuencia quedan sin denuncia.
El paquete legislativo también incluye modificaciones para castigar con hasta 10 años de prisión a quienes participen en asociaciones o bandas de tres o más personas con fines delictivos. Para quienes tengan roles de dirección o supervisión dentro de estos grupos, la pena podría incrementarse hasta en una mitad. Esta reforma responde a una tendencia detectada por autoridades: células delictivas que operan desde colonias urbanas para facilitar desde ocupaciones ilegales hasta extorsiones y fraudes.
Asimismo, se aprobaron agravantes para los delitos de lesiones cuando se cometan por razones de género o contra personas LGBTQ+. Las nuevas disposiciones contemplan sanciones mayores si los hechos ocurren dentro de un entorno familiar, laboral o escolar, o cuando existan expresiones de odio o humillación.
