Una controversial decisión del Tribunal Electoral ha generado revuelo en el ámbito judicial y político, al resolver perdonar una suma que asciende a 6 millones de pesos en multas impuestas a diversas candidaturas de la pasada elección judicial. Estas candidaturas habían sido sancionadas por haber resultado presuntamente beneficiadas por la distribución masiva de «acordeones» o guías de votación, tanto en formato físico como digital. La sentencia ha desatado un debate sobre la fiscalización y la transparencia en los procesos electorales, pues exime de responsabilidad a quienes se beneficiaron de propaganda no reportada.
La decisión del Tribunal de perdonar esta multa millonaria se basa en un argumento legal que muchos consideran una laguna o un salvoconducto para eludir responsabilidades. El órgano jurisdiccional determinó que no se puede imputar una responsabilidad indirecta a los candidatos que aparecieron en los «acordeones». Los órganos electorales inferiores habían considerado que la aparición en estas guías constituía un beneficio indebido, asumiendo que el costo de su elaboración y distribución representaba un gasto no reportado de campaña.
💸 El Vacio Legal que Permitió Perdonar la Deuda
El argumento central del Tribunal Electoral para perdonar los 6 millones de pesos radica en la falta de pruebas directas sobre la autoría del material. Específicamente, la sentencia señala que, dado que «nunca se comprobó quién pagó, elaboró y distribuyó los acordeones», no se puede establecer la responsabilidad indirecta de los candidatos beneficiados. Este criterio legal implica que, si la fuente del gasto ilegal permanece en el anonimato, los candidatos que sacan provecho de dicha propaganda quedan exentos de la sanción económica que debía perdonar el Tribunal.
🚫 Imposibilidad de Imputar Responsabilidad Indirecta
La sentencia subraya la dificultad para imputar la responsabilidad indirecta a los candidatos si no se puede identificar al tercero que realizó el gasto. Este criterio ha sido criticado porque permite que grupos de interés o partidos políticos utilicen intermediarios anónimos para inyectar recursos no fiscalizados a las campañas, sabiendo que el Tribunal optará por perdonar a los beneficiarios directos. La decisión crea un precedente legal que podría facilitar en futuros procesos la aparición de propaganda no reportada, al dificultar su sanción.
El impacto de perdonar 6 millones de pesos no es solo económico, sino que mina la credibilidad de los mecanismos de control electoral. El caso de los «acordeones» subraya la necesidad de revisar y fortalecer la legislación para establecer mecanismos de presunción de responsabilidad en casos donde el beneficio electoral es evidente, aunque la fuente del financiamiento sea oscura. La amnistía financiera a los candidatos abre la puerta a futuras controversias y a la opacidad en las campañas, demostrando un criterio legal que prioriza la autoría sobre el beneficio.
El Tribunal Electoral ha determinado que la ausencia de un culpable identificado es suficiente para perdonar la deuda millonaria de los candidatos. Esta acción se percibe como una derrota para los esfuerzos de transparencia que buscan evitar que el dinero no reportado o de origen desconocido influya en el resultado de las elecciones, dejando sin castigo un claro beneficio político obtenido de manera irregular.
