Un escándalo de corrupción masiva ha salido a la luz en la aduana de Tampico. Un exdirector de la aduana, ahora testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), ha destapado una red de huachicol fiscal que operaba con total impunidad. Según su testimonio, esta red era controlada por una organización criminal conocida como Los Primos, liderada por dos altos mandos de la Marina, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías. Estos funcionarios, que son sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, presuntamente usaban su influencia para facilitar el contrabando de combustible a gran escala.
La operación era tan grande que seis buques cargados con millones de litros de combustible de contrabando atracaron en el puerto hasta 14 ocasiones. La clave del éxito de la red era la corrupción. Cada buque que llegaba pagaba una «cuota» de un millón 750 mil pesos. Este dinero era utilizado para sobornar a personal de aduanas y de la Marina. El exdirector de la aduana, cuyo nombre clave es “Santo”, era el encargado de distribuir estos pagos millonarios.
La operación de huachicol fiscal, al descubierto
El testimonio de «Santo» revela con detalle cómo funcionaba esta red de huachicol. Para evitar ser detectados, los implicados creaban manifiestos falsos, en los que reportaban que la carga de los buques era «aditivos para aceites lubricantes», a pesar de que el olor y las muestras indicaban lo contrario. Esta red de corrupción permitió a Los Primos operar libremente durante al menos un año y medio. «Santo» admitió haber distribuido cerca de 25 millones de pesos en sobornos.
Por cada buque, él recibía 300 mil pesos, y el resto del dinero se repartía entre otros funcionarios. El dinero llegaba a los implicados días después del zarpe del buque, lo que sugiere un sistema de pagos muy bien organizado. En la causa penal 305/2025, la FGR asegura que el testigo «Santo» recibió un total de 24 millones 500 mil pesos por permitir el ingreso ilegal de hidrocarburos.
La clave para desmantelar la red: el miedo y la confesión
El punto de quiebre para «Santo» fue el miedo. El 19 de abril, después de preparar dos maletas con aproximadamente 30 millones de pesos, se enteró de que su familia había sido amenazada y que él supuestamente estaba secuestrado. Esto lo llevó a temer por su vida, por lo que decidió acudir a la Fiscalía para confesar y devolver el dinero. En su declaración, expresó su arrepentimiento y tristeza por haber sido «engatusado y manejado» por los líderes de la red. Su testimonio ha permitido a la FGR identificar a otros implicados.
La investigación de la Fiscalía ha revelado la participación de titulares, subdirectores, jefes de departamento, verificadores, agentes aduanales y personal de alto nivel de la Dirección de Supervisión de Aduanas Marítimas de la ANAM. «Santo» ocupó el cargo de director de la aduana de Tampico del 1 de agosto de 2023 al 16 de enero de 2025. Durante ese tiempo, presuntamente se registró el arribo de 12 a 14 buques.
Los buques implicados en la red de contrabando de combustible incluyen el MTM Hamburg, Ardmore Chippewa, Ardmore MTM Dublin, Hansa Sealancer, Cosmic Glory y Torm Louise. Estos navíos descargaban su producto en pipas o «fulles», que luego eran distribuidas en el mercado negro. Los operadores de estas pipas también sospechaban de la carga debido al fuerte olor a combustible que desprendía.
La desmantelación de esta red de huachicol fiscal es un paso importante en la lucha contra la corrupción en México. La colaboración de un testigo clave como «Santo» ha permitido a las autoridades federales desentrañar una operación criminal sofisticada y a gran escala. La información obtenida a través de su testimonio ha proporcionado pruebas sólidas para la FGR, que ahora busca llevar a juicio a los implicados y recuperar los fondos malversados. El caso es un recordatorio de cómo la corrupción en altos niveles puede afectar la seguridad y la economía del país.
El huachicol fiscal, también conocido como contrabando de hidrocarburos, es una práctica que causa un gran daño económico al país. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta actividad ilícita ha generado pérdidas de hasta 100 mil millones de pesos anuales. Este tipo de fraude fiscal evade impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que el gobierno deja de percibir. Al evadir estos impuestos, los contrabandistas pueden vender el combustible a precios más bajos, lo que no solo afecta a las finanzas del Estado, sino que también crea una competencia desleal para las empresas que operan de manera legal. El dinero que se recauda de estos impuestos se utiliza para financiar servicios públicos como la salud, la educación y la infraestructura, por lo que el huachicol fiscal perjudica directamente a toda la población.
