La administración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha implementado una medida que restringe de manera estricta el uso del lenguaje inclusivo en todas las instituciones educativas públicas del país. Esta directriz, comunicada recientemente por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, establece que la forma de comunicación y enseñanza debe apegarse rigurosamente a las normas de la Real Academia Española (RAE) y a la gramática tradicional del idioma castellano. La decisión ha generado un intenso debate nacional sobre la libertad de expresión, la identidad de género y el rol del Estado en la regulación del lenguaje dentro de la esfera académica.
La normativa busca asegurar la uniformidad lingüística en el sistema educativo, argumentando que el lenguaje inclusivo, con formas como el uso de la arroba, la «x», la «e» o el desdoblamiento constante de sustantivos (como «alumnos y alumnas»), distorsiona la claridad y la sencillez del idioma. Las autoridades educativas han señalado que el enfoque principal de las escuelas debe ser la correcta enseñanza de la lengua, preparando a los estudiantes para comunicarse de manera efectiva y sin ambigüedades en un contexto profesional y social. Esta postura ha sido bien recibida por sectores conservadores y por aquellos que valoran una aproximación más tradicional a la gramática.
Reacciones y Contexto de la Medida
La prohibición ha provocado una inmediata y polarizada reacción en la sociedad salvadoreña. Por un lado, grupos defensores de los derechos humanos y la comunidad LGTBIQ+ han expresado su preocupación, argumentando que esta acción es un retroceso en el reconocimiento de la diversidad y una invisibilización de las identidades no binarias. Para estos colectivos, el lenguaje inclusivo es una herramienta esencial para fomentar el respeto y la inclusión, reflejando una sociedad más equitativa. Han solicitado una revisión de la política, destacando que el lenguaje debe evolucionar junto a las sensibilidades sociales.
Por otro lado, figuras políticas afines al gobierno y diversos académicos tradicionalistas han respaldado la medida, insistiendo en que la escuela no debe ser un campo de experimentación para ideologías que, según ellos, no tienen sustento gramatical. Consideran que el lenguaje inclusivo complica innecesariamente la comunicación y que su uso en la enseñanza podría perjudicar la comprensión y el dominio del idioma. Subrayan que la RAE, como máxima autoridad del castellano, no avala estas modificaciones y que su normativa debe ser la única guía oficial.
Impacto Legal y Educativo
Desde el punto de vista legal, el Ministerio de Educación ha justificado la directriz basándose en su potestad de regular el currículo y las metodologías de enseñanza a nivel nacional, buscando la estandarización y calidad educativa. Los directores de centros educativos públicos han sido instruidos para vigilar el cumplimiento de la norma y para capacitar al personal docente sobre las formas lingüísticas adecuadas. Se espera que el seguimiento a esta prohibición se integre en los procesos de supervisión escolar, aunque no se han detallado las posibles sanciones para los docentes o instituciones que incumplan lo establecido sobre el lenguaje inclusivo.
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