A un año del trágico asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, miles de integrantes del Pueblo Creyente de Chiapas salieron a las calles para recordarlo y, sobre todo, para exigir justicia por su crimen. La multitudinaria manifestación se convirtió en una peregrinación de fe y protesta que recorrió más de ocho kilómetros, desde la comunidad de origen del sacerdote hasta el centro de San Andrés Larráinzar.
El recorrido no fue solo un acto de fe, sino una clara manifestación de la profunda rabia y el dolor que sigue latente en las comunidades indígenas de la región. El padre Marcelo, reconocido por su incansable labor en defensa de los derechos humanos y por su lucha contra la violencia del crimen organizado en la zona, fue asesinado a balazos hace un año. Los feligreses corearon consignas pidiendo paz y el castigo no solo para el autor material, sino también para los autores intelectuales.
Un Año de Impunidad: La Justicia Incompleta
A pesar de que las autoridades han logrado detener y condenar al ejecutor material del atentado —quien disparó contra el sacerdote—, el Pueblo Creyente y diversas organizaciones de derechos humanos consideran que la justicia está «mutilada». La principal exigencia de la peregrinación es que la Fiscalía General del Estado de Chiapas extienda la investigación para dar con los cómplices y, especialmente, con quienes ordenaron el asesinato del padre Marcelo.
El legado del padre Marcelo sigue vivo en la lucha por la paz y justicia en una de las regiones más afectadas por la violencia en México. El sacerdote, de origen indígena, había recibido constantes amenazas por sus denuncias contra grupos armados locales, como «Los Motonetos», y por su trabajo de mediación en conflictos territoriales y sociales. Su voz se alzó en repetidas ocasiones para exponer el terror que afecta a las comunidades marginadas.
La marcha del Pueblo Creyente subraya un problema sistémico: la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales en Chiapas. El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez ha sido condenado incluso por organismos internacionales como la ONU-DH, quienes han instado al Estado mexicano a garantizar una investigación transparente que proteja a los defensores y ponga fin a la impunidad en la región.
<
