Un proyecto para tender un cable submarino de fibra óptica entre China y Chile ha desatado una crisis diplomática con Estados Unidos, evidenciando el impacto de la competencia geopolítica en América Latina.
La iniciativa, conocida como ‘Chile China Express’, contempla la instalación de un cable de unos 500 millones de dólares que conectaría directamente Valparaíso con Hong Kong, abriendo una ruta digital directa entre Suramérica y Asia y reduciendo la dependencia de enlaces que pasan por territorio estadounidense.
Un plan antiguo que revive tensiones
El proyecto fue presentado en 2016 por el exembajador chileno en Pekín, Jorge Heine, y contó inicialmente con respaldo político. Sin embargo, en 2019 el entonces presidente Sebastián Piñera decidió declinarlo, según Heine, debido a presiones de Washington.
Ahora, bajo la administración de Gabriel Boric, el plan volvió a evaluación. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, aprobó la concesión, aunque fue anulada dos días después por un supuesto “error técnico”.
Sanciones y advertencias desde Washington
El Departamento de Estado estadounidense revocó las visas de funcionarios chilenos vinculados al proyecto, acusándolos de “socavar la seguridad regional”. La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y generó una fuerte reacción en Santiago.
Además, el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, advirtió que la continuidad de Chile en el programa Visa Waiver podría verse afectada si no se garantizan estándares de seguridad en telecomunicaciones. Según explicó, Washington considera que un cable transpacífico directo con China representa un riesgo estratégico.
Desde el Gobierno chileno calificaron las acusaciones de “inaceptables” y defendieron el derecho soberano del país a decidir sobre sus infraestructuras. El presidente electo José Antonio Kast, por su parte, señaló que existen “muchas situaciones que aclarar” en torno al proyecto.
La respuesta de Pekín
La Embajada de China en Chile emitió un duro comunicado en el que acusó a EE.UU. de intentar mantener un “monopolio” en las telecomunicaciones internacionales y lo calificó como “la mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos”.
Según Pekín, el cable submarino no afecta intereses de terceros y forma parte de la cooperación tecnológica bilateral. La controversia refleja cómo la rivalidad entre Washington y Pekín trasciende lo comercial y se traslada a infraestructuras estratégicas como las redes de datos.
