9 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. El Gobierno de Zapopan se encuentra en medio de una fuerte controversia tras iniciar la compra de un terreno por 132 millones de pesos, a pesar de las advertencias de autoridades federales. Se trata de un predio que forma parte de la zona arqueológica del Ixtépete, un espacio que legalmente pertenece a la nación y no puede ser vendido. Según las investigaciones, el ayuntamiento ya entregó un enganche de 20 millones de pesos y ha seguido realizando pagos mensuales al ejido de Santa Ana Tepetitlán, ignorando que el lugar está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La regidora Karla Azucena Díaz López, del partido Morena, fue quien dio la voz de alarma tras realizar una investigación en el Registro Agrario Nacional. Al revisar los documentos oficiales, se confirmó que este predio está registrado como área de reserva especial y es propiedad federal desde el año 2006. A pesar de que se solicitó detener el proceso para evitar posibles delitos, la mayoría en el pleno del ayuntamiento decidió seguir adelante con la firma del convenio, poniendo en riesgo una cantidad millonaria del presupuesto público de los ciudadanos.
Un terreno que pertenece a la nación y está protegido
El INAH ha sido muy claro al informar tanto al presidente municipal como a los representantes del ejido que la transmisión de este predio es ilegal. De acuerdo con la ley que regula los monumentos arqueológicos e históricos, intentar vender o comprar terrenos con estas características puede ser castigado como un delito grave. La regidora señaló que es preocupante que el ayuntamiento, contando con un equipo de abogados, no revisara a fondo los antecedentes del lugar antes de comprometer el patrimonio municipal de Zapopan en una operación que no puede consolidarse.
Incluso con las pruebas en la mano, el síndico municipal otorgó una prórroga para que el ejido realice una asamblea y trate de formalizar la entrega del predio. Sin embargo, especialistas legales aseguran que dicha asamblea no tiene validez jurídica sobre una propiedad de la nación. Esta situación ha generado sospechas sobre el manejo de los recursos, ya que se está pagando por algo que, por ley, ya es un espacio público destinado a la conservación de la historia y la cultura del estado de Jalisco.
Denuncias legales por el manejo del patrimonio
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno local para cancelar el contrato, ya se han presentado denuncias formales ante instancias estatales y federales. La fracción de Morena llevó el caso ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción, buscando que se investigue si hubo omisiones o acciones ilegales por parte de los servidores públicos involucrados. Se busca proteger el dinero de la gente y evitar que este predio se convierta en una pérdida financiera irreparable para el municipio, como ha sucedido con otros terrenos en administraciones pasadas.
