20 de Enero del 2026.- El uso de tecnología avanzada por parte de grupos criminales ha planteado un desafío sin precedentes para la seguridad en México. Entre las herramientas más comunes se encuentran los jammers, dispositivos diseñados originalmente para fines de seguridad nacional, pero que ahora son utilizados para el robo de autos y otros delitos graves. Estos aparatos tienen la capacidad de afectar desde teléfonos celulares hasta radares y drones, convirtiéndose en un arma tecnológica que facilita la actividad delictiva en las principales carreteras del país.
Ante el aumento en el uso de estos artefactos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó reformas legales contundentes para frenar su alcance. Desde el año 2020, se prohibió estrictamente que cualquier civil posea o utilice inhibidores de señal, dejando su operación exclusivamente en manos de instituciones de seguridad pública y centros penitenciarios. La intención de esta ley es cerrar el vacío legal que permitía que estas herramientas fueran adquiridas con relativa facilidad en el mercado negro o bajo engaños comerciales.
¿Cómo funcionan los dispositivos de bloqueo en el robo de autos?
La principal función que cumplen los bloqueadores de señal en manos de la delincuencia es la anulación de los sistemas de rastreo satelital y comunicación. Al encender estos equipos cerca de un vehículo, los delincuentes logran que el GPS del automóvil deje de transmitir su ubicación en tiempo real. Esto impide que tanto las empresas de seguridad privada como las autoridades policiacas puedan localizar la unidad robada, otorgando a los ladrones una ventana de tiempo crítica para ocultar el vehículo o desmantelarlo.
Además de afectar el rastreo, los anuladores de comunicación también cortan la señal de los teléfonos celulares de las víctimas, impidiendo que puedan pedir auxilio de manera inmediata. Esta tecnología bloquea las frecuencias de transmisión de datos e imagen, lo que significa que incluso las cámaras de seguridad que dependen de redes inalámbricas pueden quedar inutilizadas. Por esta razón, la reforma al Código Penal Federal ahora contempla sanciones severas para quienes fabriquen, comercialicen o porten este tipo de tecnología sin autorización oficial.
Normativas y destrucción de equipos incautados
La ley es muy clara al respecto: cualquier particular que tuviera en su poder uno de estos dispositivos de interferencia debió entregarlo a las autoridades en un plazo de 30 días tras la publicación del decreto. Actualmente, la posesión de estos equipos por personas no autorizadas es un delito que conlleva consecuencias legales importantes. La Secretaría de Seguridad es la instancia encargada de supervisar que todos los aparatos asegurados en operativos sean destruidos o inutilizados para evitar que regresen a las calles y sigan dañando a la ciudadanía.
La prohibición también abarca la instalación y operación de cualquier equipo que cancele señales de radiocomunicación. Según el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, solo los centros de reinserción social y establecimientos penitenciarios pueden usar equipos de bloqueo para evitar que se cometan delitos desde el interior de las cárceles. Fuera de estos recintos y de las operaciones de seguridad nacional, el uso de esta tecnología es completamente ilegal en todo el territorio mexicano, buscando así proteger la infraestructura de comunicaciones del país.
Con estas medidas, el Estado Mexicano busca fortalecer su capacidad para enfrentar la delincuencia tecnológica. Los aparatos bloqueadores de radiofrecuencia han sido identificados como una pieza clave en la logística de las organizaciones criminales, por lo que su eliminación del mercado civil es una prioridad. Las autoridades confían en que, al limitar el acceso a estas herramientas, se logre una disminución significativa en el robo de transporte de carga y vehículos particulares, mejorando los niveles de seguridad en las vías de tránsito nacionales.
