31 DE MARZO DEL 2026 – INTERNACIONAL. El Parlamento de Israel ha dado un paso histórico y sumamente polémico al aprobar una ley que autoriza la sentencia capital para palestinos condenados por asesinar a ciudadanos israelíes. Esta medida, impulsada por los sectores de extrema derecha del gobierno, busca endurecer los castigos por delitos de carácter nacionalista. La votación contó con la presencia del primer ministro Benjamin Netanyahu y culminó con una ovación de los legisladores, quienes celebraron la decisión a pesar de las advertencias internacionales sobre las implicaciones éticas y legales de retomar este tipo de castigos físicos extremos.
La nueva legislación establece que la ejecución judicial se llevará a cabo mediante el método de ahorcamiento y será el castigo por defecto para los ataques considerados actos de terrorismo en Cisjordania. Aunque el texto menciona que también podría aplicarse a ciudadanos israelíes bajo cargos similares, expertos legales coinciden en que la redacción está diseñada para limitar su alcance a la población palestina. De este modo, se excluye a los ciudadanos judíos de estas condenas, lo que ha generado denuncias de discriminación sistemática ante organismos de derechos humanos en todo el mundo.
Críticas internacionales y el debate sobre la legalidad
Diversas potencias mundiales, incluyendo a Alemania, Francia y el Reino Unido, han manifestado su rechazo, calificando la pena de muerte como una medida poco ética que carece de un verdadero efecto disuasorio. Los defensores de los derechos civiles argumentan que esta ley contraviene el derecho internacional, especialmente al legislar sobre territorios que no son soberanos de Israel, como la Cisjordania reocupada. La Autoridad Nacional Palestina ha denunciado que esto representa un intento por legitimar las ejecuciones extrajudiciales bajo un marco supuestamente legal.
Por otro lado, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya ha presentado recursos ante el máximo tribunal para frenar la implementación de la medida. Argumentan que la ley fue promulgada sin autoridad legal sobre personas que no poseen la ciudadanía israelí y que residen en territorios bajo ocupación. Los críticos señalan que permitir una condena de esta magnitud sin requerir un fallo unánime de los jueces rompe con la tradición de justicia y pone en riesgo de convertir a los funcionarios del sistema penitenciario en ejecutores de actos cuestionables.
Reacciones políticas y el contexto de la guerra
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, principal promotor de la iniciativa, celebró abiertamente el resultado de la votación como un triunfo de su agenda política. Sin embargo, la ley no se aplicará de manera retroactiva, lo que significa que los actuales prisioneros de guerra no enfrentarán este castigo. Esta distinción es clave en el contexto actual, donde el conflicto en la Franja de Gaza ha dejado miles de víctimas y una tensión social que se refleja en cada decisión tomada dentro del recinto legislativo de Jerusalén.
