3 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. El senador Marko Cortés Mendoza, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional, hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para que asuma su responsabilidad tras los disturbios ocurridos el pasado domingo 22 de febrero. Según el legislador, es necesario que el Estado garantice una reparación integral a todos los ciudadanos y comerciantes que resultaron afectados durante las reacciones violentas derivadas del operativo contra el líder criminal. Cortés señaló que, aunque combatir a la delincuencia es una obligación, las familias no deben quedar desamparadas cuando su patrimonio es destruido por actos de vandalismo o quema de unidades.
Para el legislador, el hecho de que el Estado posea el control de la fuerza pública no lo exime de su deber constitucional de proteger los bienes de la población. Durante las protestas y bloqueos que siguieron al arresto de Nemesio Oseguera, cientos de personas perdieron sus vehículos de trabajo o vieron sus negocios afectados por el caos. Marko Cortés enfatizó que cuando las autoridades fallan en prevenir o contener estas escaladas de violencia, tienen la obligación legal de responder económicamente por los daños materiales que sufren los civiles que nada tienen que ver con el conflicto.
Propuestas para el apoyo económico tras el golpe al narcotráfico
El senador planteó la creación inmediata de un mecanismo federal extraordinario que sirva para compensar a quienes perdieron automóviles o mercancías durante los disturbios. Esta propuesta busca que el gobierno no solo informe sobre los resultados de sus acciones militares, sino que también se haga cargo de las consecuencias del golpe a la organización delictiva. Entre los puntos sugeridos se encuentran el pago directo por daños materiales, compensaciones por ingresos no percibidos y el otorgamiento de créditos blandos para las pequeñas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas debido a la inseguridad.
Además, se busca una coordinación efectiva con las empresas aseguradoras para evitar que los ciudadanos enfrenten trámites burocráticos lentos y desgastantes. Cortés recordó que la seguridad pública es una función esencial según el artículo 21 de la Constitución, y que la falta de cumplimiento efectivo puede generar una responsabilidad patrimonial por parte del gobierno. La idea es que las familias puedan recuperar su estabilidad económica después de la parálisis causada por las reacciones al operativo contra el capo de Jalisco.
Una estrategia integral frente al operativo contra la delincuencia organizada
El PAN insiste en que el combate a la criminalidad no debe limitarse a acciones aisladas que detonen olas de violencia en las calles. Marko Cortés subrayó que cualquier operativo contra grupos armados debe formar parte de una estrategia bien planeada que prevenga los bloqueos y proteja a la sociedad civil de posibles represalias. Advirtió también sobre el riesgo de que existan reacomodos dentro de las bandas criminales que puedan agravar la situación de inseguridad en los próximos días, por lo que pidió vigilancia constante en las zonas de mayor conflicto.
