20 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó multas que superan los 38 millones de pesos contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido del Trabajo (PT) tras detectar diversas irregularidades en sus cuentas. Las auditorías realizadas a los informes de ingresos y gastos de los años 2019 y 2020 revelaron desde la falta de comprobantes fiscales hasta la simulación de operaciones. Estas penalizaciones financieras buscan garantizar que el dinero público que reciben los partidos se utilice de forma transparente y bajo las reglas que marca la ley electoral en nuestro país.
El partido más afectado por esta resolución fue el PRI, el cual recibió una multa individual de 20 millones de pesos por realizar gastos que no tenían un fin partidista legítimo. El organismo electoral descubrió que el partido contrató estudios legales que resultaron ser copias de otros textos, lo que se considera un mal uso de los recursos. Debido a la gravedad de estas multas electorales, el instituto político sufrirá un descuento del 25% en sus pagos mensuales de dinero público hasta que se logre cubrir el monto total de la deuda generada por estas malas prácticas.
Irregularidades y presuntos plagios en el PRI
La investigación del INE detalló que el PRI pagó por análisis sobre leyes electorales a una empresa llamada LBGG LEGAL & TECH SERVICES S.C., pero los textos entregados carecían de originalidad. La autoridad fiscalizadora encontró que los estudios eran transcripciones textuales de obras de autores reconocidos como Luis Carlos Ugalde y Arturo Zaldívar, quienes negaron haber dado su permiso para el uso de sus textos. Este tipo de castigos monetarios se aplican cuando se comprueba que un partido no supervisa la autenticidad de los servicios que contrata con el dinero de los ciudadanos.
Además del problema del plagio, se descubrió que la empresa contratada no tenía empleados registrados ante el Seguro Social, lo que sugiere que no contaba con personal para realizar trabajos intelectuales. Incluso, los supuestos dueños de la compañía negaron tener relación con el negocio, mencionando que pudo existir un robo de identidad. Ante la falta de pruebas de que el trabajo fuera real y legítimo, el INE determinó que estas sanciones de fiscalización eran necesarias para castigar el desvío de recursos hacia proveedores que parecen ser empresas fachada o simuladas.
Omisión de facturas y reportes en el Partido del Trabajo
Por otro lado, el Partido del Trabajo (PT) no se quedó atrás y recibió una multa de 18.6 millones de pesos por ocultar gastos realizados durante el año 2019. La Unidad de Fiscalización del INE revisó las bases de datos y encontró que el partido omitió reportar más de tres mil facturas electrónicas que ya estaban registradas ante el SAT. Estas correcciones administrativas también alcanzaron a 12 comités estatales del PT, los cuales recibieron multas adicionales por no subir su información completa al sistema de contabilidad oficial que vigila el instituto.
La autoridad electoral cruzó información con 134 proveedores diferentes y descubrió que había operaciones por 38 millones de pesos que el PT simplemente «olvidó» declarar. Al no registrar estos movimientos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el partido intentó evadir el control sobre el origen y destino de su dinero. Con estas resoluciones sancionatorias, el INE reafirma su compromiso de vigilar cada peso que los partidos gastan, asegurando que no existan cuentas ocultas ni operaciones fuera de la vigilancia de la ley mexicana.
El papel del SAT en la fiscalización electoral
