CIUDAD DE MÉXICO.— Indígenas yoremes de la Nación Yaqui manifestaron su rechazo a la inminente asunción de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), programada para septiembre.
En entrevista telefónica, integrantes de la tropa yoemia lo acusaron de ser uno de los responsables del despojo y las agresiones que enfrentan sus comunidades.
“No queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”, sentenciaron.
El repudio hacia Aguilar Ortiz tiene raíces en su papel como operador principal del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, lanzado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
El plan prometía restitución de tierras, créditos para vivienda y mejoras en salud y educación. No obstante, la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) —y en especial de Aguilar y su entonces titular, Adelfo Regino— resultó, según los denunciantes, en una imposición política alejada de los verdaderos intereses de la tribu.
Fernando Jiménez, defensor del territorio yaqui, señaló que el Plan de Justicia fue en realidad “una herramienta de control” ejecutada a través del INPI, que concentró las decisiones clave sin consultar verdaderamente a los pueblos.
“Ellos deciden cómo, cuándo y quiénes van a recibir los apoyos”, afirmó.
Según el activista, los encuentros organizados por el gobierno fueron cerrados y manipulados por funcionarios afines.
De acuerdo con la información obtenida por la agencia Proceso, los indígenas fueron sistemáticamente excluidos de las consultas indígenas, mientras que autoridades tradicionales afines al INPI eran reconocidas y avaladas en las actas y reuniones oficiales.
“Todo estaba politizado. Ellos decidían qué era lo bueno o malo para los yaquis”, puntualizó Jiménez, quien también denunció que los documentos oficiales carecían de legitimidad tradicional.
Antecedente de acusaciones yaqui
Estas acusaciones no son nuevas. Desde agosto de 2021, el defensor yaqui César Cota Tórtola presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que señalaba a Hugo Aguilar, Adelfo Regino y otros funcionarios del INPI por incurrir en actos de discriminación, exclusión y manipulación institucional.
La queja incluía a instancias locales del Instituto, como sus representantes en Sonora y Pótam.
El activista Cota Tórtola sostuvo que estos funcionarios buscaban imponer acuerdos y nombramientos convenientes para el gobierno federal, ignorando la voluntad de las autoridades tradicionales.
“Quieren callar y limitar la participación de los yoremes de la Nación Yaqui”, dijo.
También denunció el uso de recursos públicos para fomentar corrupción entre líderes locales, a cambio de prebendas y dádivas.
Acusan a dependencias
El documento entregado a la CNDH también acusó a dependencias como la Segob, Semarnat, Conagua, Sedatu, Sagarpa, SEP, SCT y la CFE de colaborar con estas prácticas.
La estrategia común, afirma la denuncia, consistía en manipular las actas de reuniones y desinformar al resto de la tribu con el propósito de consolidar el dominio federal sobre el destino del pueblo yaqui.
El conflicto se ha extendido más allá del terreno político. Desde 2011, células del crimen organizado se han asentado en territorios yaquis, aprovechando la desorganización interna y la presencia gubernamental.
El problema se ha agudizado: denuncian el reclutamiento de menores como “halcones”, así como asesinatos y desapariciones.
Se estima que hay al menos 50 integrantes de la tribu desaparecidos o muertos por esta violencia.
Una segunda queja entregada a la CNDH en 2024 por representantes de la tropa yoreme acusó al funcionario estatal Abel Leyva Castellanos de bloquear gestiones de seguridad bajo el argumento de que debían pasar por el INPI.
Obstáculo
La centralización de las decisiones ha impedido acuerdos efectivos, lo que, de acuerdo con los denunciantes, “obstaculiza el debido desarrollo de la mesa de seguridad del estado de Sonora”.
La represión también ha tomado forma en persecución directa. En enero de 2022, cinco indígenas yoremes denunciaron amenazas de parte de autoridades impuestas, quienes, con apoyo de servidores del INPI buscaban obligarlos a desistirse de un amparo interpuesto contra el decreto del Distrito de Riego 018. Incluso, aseguran, un grupo armado secuestró a tres de sus compañeros como método de intimidación.
Los hechos más recientes, ocurridos el 16 de mayo pasado, involucran un ataque armado a la guardia tradicional del pueblo de Loma de Guamúchil-Cocorit.
Entre los agredidos estaba el propio César Cota Tórtola. “Intimidación y amenazas es lo que estamos pasando en estas fechas”, afirmó.
Es preocupante que la comunidad yaqui no se sienta representada con el nuevo presidente de la Suprema Corte. Es importante que en posiciones tan altas se escuche a todos, sobre todo a quienes han sido históricamente marginados. Sin una representación justa, se corre el riesgo de que sus derechos y necesidades queden olvidados.
Es preocupante ver cómo la comunidad yaqui se siente ignorada por las decisiones del nuevo presidente de la Suprema Corte. Es importante que se escuchen sus voces y se tomen en cuenta sus necesidades. La justicia debería ser para todos, no solo para unos pocos.
Es un poco preocupante ver cómo la comunidad yaqui se siente ignorada en temas tan importantes. Es fundamental que las voces de todos se escuchen, especialmente de quienes han sido históricamente marginados. La justicia debería ser para todos, y si no se sienten representados, hay un problema que hay que resolver.