El Senado de la República ha dado el visto bueno final a las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incluyen un impuesto de $3.08 pesos por litro a los refrescos. Esta aprobación por parte del Senado consolida un fuerte aumento a la carga fiscal de las bebidas azucaradas, lo que se espera impacte directamente en el precio final al consumidor. La medida, que ha sido impulsada tanto por motivos recaudatorios como de salud pública, generó un intenso debate y críticas de la oposición por su impacto en la economía familiar.
La Doble Carga del Impuesto y las Críticas Políticas
El nuevo impuesto a los refrescos fue uno de los puntos más polémicos, incluso en el Senado. Representantes de partidos de oposición, como el PRI y el PAN, argumentaron que este tipo de impuestos al consumo básico «lastiman a la economía familiar», pues las clases medias y bajas son las que más resienten el aumento de precios. La crítica se enfocó en que el gobierno, con el apoyo del Senado, está buscando tapar «huecos» en las finanzas a costa de la población, en lugar de buscar ingresos mediante una reforma fiscal que grave a las grandes corporaciones.
La intención detrás del aumento al impuesto no es solo fiscal. Organizaciones de salud han respaldado la medida, al considerarla una herramienta que puede ayudar a combatir las altas tasas de obesidad y diabetes en México, enfermedades fuertemente ligadas al consumo excesivo de estas bebidas. No obstante, la crítica económica insiste en que, si no hay alternativas sanas y accesibles, el impuesto solo se vuelve una carga más para los hogares, sin generar un cambio real en los hábitos de consumo de los sectores más vulnerables.
El sector empresarial de bebidas azucaradas, desde antes de la aprobación en el Senado, ya había expresado su preocupación por la magnitud del impuesto. Señalan que un incremento de $3.08 pesos por litro es significativo y podría afectar la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la distribución y comercialización. El sector teme tener que trasladar la totalidad del costo al consumidor final, enfrentándose a una posible contracción del mercado.
El debate se intensificó en ambas Cámaras con la aprobación de otros impuestos polémicos, como el 200% a los cigarros y el 50% a las apuestas. La votación en el Senado se dio en un ambiente de confrontación, con la oposición argumentando que se estaba aprobando un paquete fiscal regresivo. El aumento a los refrescos, ratificado por el Senado, se consolida así como una de las decisiones fiscales más controversiales, afectando directamente la canasta básica.
El argumento del PAN, de que los impuestos afectan directamente a la economía familiar, se sustenta en el impacto real del incremento. Los $3.08 pesos adicionales al litro de refresco, sumados a otros impuestos aprobados, forzarán a muchas familias a reajustar sus presupuestos. La luz verde del Senado a estos impuestos se interpreta como un intento gubernamental de obtener ingresos de manera rápida, pero es percibida por muchos como una medida que castiga desproporcionadamente a los que menos recursos tienen.
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