En un esfuerzo por recuperar el control del recurso hídrico, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que su gobierno ha logrado «desprivatizar» 4 mil millones de metros cúbicos de agua. Esta cifra, equivalente a cuatro veces el consumo de agua de la Ciudad de México, se ha recuperado al poner en orden y clausurar concesiones que estaban en manos de privados. La recuperación del agua ha sido un proceso que ha incluido tanto la colaboración voluntaria de algunos empresarios como acciones más directas, como la clausura de pozos, en casos de incumplimiento de los títulos de concesión.
La medida se enmarca en una revisión exhaustiva de las bases de datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de verificar el uso real del líquido. Según la presidenta, en el periodo neoliberal se permitió la transferencia de títulos de concesiones de riego agrícola a desarrollos habitacionales, sin que estos pagaran los derechos correspondientes. Este tipo de irregularidades han sido un foco principal de la actual administración para asegurar que el agua se utilice para el fin que fue concesionado.
El titular de Conagua, Efraín Morales, explicó que los abusos en la asignación de concesiones fueron una constante durante el periodo neoliberal, a menudo amparados por redes de corrupción que acapararon el agua en distintas regiones del país. En su revisión, Conagua ha detectado casos emblemáticos, como el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien construyó una presa en su rancho, acaparando el agua y afectando a los pequeños productores de la región. El gobierno federal ya recuperó ese recurso, derribando la presa y cinco represas adicionales para que los productores puedan utilizar el agua para consumo y uso agrícola.
Este tipo de acciones no son las únicas que ha tomado el gobierno. Morales también señaló que se han detectado y sancionado usos ilegales, como el de empresas que utilizan agua de uso agrícola para fines industriales, lo cual se está regularizando. Las visitas de verificación han sido clave para la revisión de concesiones, y se han realizado más de 4 mil de estas visitas, muchas de las cuales han terminado en clausuras e incautación de equipo e infraestructura. Esto es parte de una política firme para garantizar que el agua no se convierta en un negocio para unos cuantos.
