13 DE FEBRERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. El gobierno de Estados Unidos ha decidido poner fin a la misión especial de vigilancia contra la migración irregular en Minesota, según informó el zar fronterizo Tom Homan. Esta determinación surge tras semanas de una intensa actividad federal que generó fuertes críticas y tragedias humanas, como el asesinato de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. La operación, que comenzó en diciembre bajo las órdenes directas de la Casa Blanca, había movilizado a miles de efectivos hacia el estado gobernado por el demócrata Tim Walsh, provocando una respuesta inmediata de activistas y vecinos preocupados por la seguridad.
Homan explicó en una conferencia de prensa desde Mineápolis que la reducción de personal ya es una realidad y que los agentes serán reasignados la próxima semana. Aunque la misión específica en dicho estado termina, el funcionario dejó claro que la vigilancia contra la migración irregular en Minesota y en el resto del país no se detendrá, sugiriendo que las fuerzas podrían desplazarse a otras ciudades donde se les necesite. Esta situación ha tensado las relaciones políticas, especialmente porque Mineápolis es considerada una ciudad «santuario», donde las autoridades locales no colaboran con las agencias federales migratorias.
Debates legislativos y riesgo de cierre de gobierno
La gestión de la migración irregular en Minesota ha provocado que los demócratas exijan cambios profundos en el funcionamiento del ICE. Entre las propuestas destacan la prohibición de patrullas móviles, impedir que los agentes cubran sus rostros durante los arrestos y exigir órdenes judiciales estrictas para cada detención. Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior defiende que el anonimato de sus oficiales es necesario para proteger a sus familias del hostigamiento de grupos activistas, lo que ha estancado las negociaciones presupuestarias en el Congreso.
Esta falta de consenso sobre cómo manejar la migración irregular en Minesota y los recursos del DHS ha puesto al país al borde de un cierre gubernamental parcial. Mientras los republicanos y demócratas discuten los fondos, el ambiente en las calles sigue siendo tenso debido a las tácticas utilizadas por las agencias federales. La seguridad pública y el respeto a las libertades civiles se han convertido en los puntos centrales de una disputa que afecta no solo a los migrantes indocumentados, sino también a la estabilidad administrativa de toda la nación.
Fallos judiciales contra las políticas federales
En un frente legal distinto, la administración ha recibido reveses importantes respecto a la migración irregular en Minesota y otros casos relacionados. Un juez federal ordenó al gobierno facilitar el regreso de 137 venezolanos que fueron expulsados hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. El magistrado James Boasberg señaló que no se respetó el debido proceso en estos casos y ha exigido un informe detallado antes de marzo, mientras que el Departamento de Justicia admite que traerlos de vuelta sería más viable que realizar audiencias remotas.
A estos desafíos se suma el fallo del juez Richard Leon, quien protegió al senador Mark Kelly de posibles castigos por parte del Pentágono. El magistrado dictaminó que sancionar al congresista por instar a las tropas a no cumplir órdenes ilegales violaría su derecho a la libertad de expresión. Estos eventos demuestran que, aunque el operativo contra la migración irregular en Minesota llegue a su fin, las batallas legales por las políticas de control fronterizo y los derechos constitucionales de militares y civiles continúan activas en las cortes de todo el país.
A diferencia de otros cargos gubernamentales, esta posición a menudo se crea para centralizar el mando de múltiples agencias (como ICE, CBP y el DHS) sin requerir necesariamente una confirmación del Senado para decisiones operativas inmediatas. La retirada de Minesota no solo responde a la violencia ocurrida, sino también a la fatiga logística de mantener agentes fuera de sus bases originales (Norfolk o Texas) por más de 60 días, lo que dispara los costos operativos por viáticos y despliegue técnico por encima de lo presupuestado.
