El gobierno de Mara Lezama ha presentado una denuncia por fraude procesal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Aguakan, en medio de la lucha legal para revocar la concesión otorgada a la empresa.
El gobierno estatal acusa a Aguakan de promover engaños en su lucha legal, alegando que la empresa busca ganar amparo mediante argumentos falsos. Se revelan irregularidades en la información presentada por Aguakan al juzgado federal, incluyendo omisiones de más de 20 oficios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que señalan incumplimientos en planes de inversión.
La denuncia presentada ante la FGR argumenta que la demanda inicial de Aguakan se basa en información incompleta y omitida por la empresa, incluyendo más de 20 oficios de la CAPA y procedimientos administrativos por violaciones ambientales. Se destaca la importancia de la protección de la población y los bienes, mientras el caso se judicializa por posible fraude procesal.
Avances recientes incluyen el rechazo de un recurso de queja por el Segundo Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, así como la presentación de nuevos recursos contra el juez que otorgó la suspensión provisional a Aguakan. Ambos recursos han llevado a la suspensión de audiencias clave en el proceso legal.
El expediente actual del caso Aguakan tiene pendientes dos asuntos cruciales: la queja presentada por la Jugocopo contra el juzgado que aceptó la demanda de Aguakan y la denuncia del Gobierno Estatal por fraude procesal. El desenlace de estas acciones determinará la dirección futura del proceso legal.
