En una medida que ha generado gran revuelo, el gobierno de Daniel Ortega ha declarado como propiedad del Estado un extenso territorio de casi 19,000 kilómetros cuadrados en las fronteras norte y sur de Nicaragua. Esta decisión, que afecta a áreas naturales protegidas y territorios indígenas, se produce en un contexto de crecientes concesiones mineras a empresas chinas y de un mayor control gubernamental sobre el territorio. La medida ha sido criticada por diversas organizaciones que denuncian una vulneración de los derechos de las comunidades y una falta de transparencia.
El decreto gubernamental establece que la franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras es ahora propiedad del Estado nicaragüense. Aunque el gobierno argumenta que esta ley no afectará a la población local, los analistas y opositores señalan que crea un vacío legal que podría permitir la expropiación de tierras y bienes. La nacionalización de estas áreas ha levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones del gobierno, que algunos vinculan directamente con los intereses de las empresas chinas en el sector minero.
Concesiones mineras y lazos con China
La medida se produce después de que Nicaragua haya otorgado múltiples concesiones mineras a empresas chinas en los últimos meses, consolidando la influencia de Beijing en el país. El oro es el principal producto de exportación nicaragüense, y la nacionalización de las zonas fronterizas podría facilitar la explotación de nuevos yacimientos, ya que el Estado ahora tendría un control absoluto sobre estos territorios. La propiedad estatal de estas áreas estratégicas podría servir como un «candado» para blindar estas concesiones y evitar cualquier tipo de oposición o interferencia.
El control de vastos territorios en las fronteras también tiene implicaciones políticas y de seguridad. Al declarar estas zonas como propiedad estatal, el gobierno de Ortega puede ejercer un mayor control sobre los movimientos en las fronteras, incluyendo el paso de migrantes o disidentes. Esta medida se suma a una serie de acciones que han fortalecido el poder del gobierno en detrimento de la sociedad civil y las comunidades locales, especialmente en las zonas indígenas que se verán directamente afectadas por esta nacionalización.
El impacto en las comunidades indígenas y rurales
La declaración de propiedad estatal sobre estas tierras es especialmente preocupante para las comunidades indígenas y rurales que han habitado estos territorios ancestralmente. A pesar de que la ley establece que no se afectarán los derechos de la población, la falta de una consulta previa y la opacidad del proceso generan un clima de incertidumbre. Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas han expresado su temor de que esta medida resulte en el desplazamiento forzado de estas comunidades y en la destrucción de ecosistemas sensibles debido a la minería.
La situación en Nicaragua es un reflejo de la creciente influencia de China en América Latina y del modelo de desarrollo que promueven algunos gobiernos de la región. La nacionalización de territorios en nombre del interés nacional, pero con el objetivo de facilitar proyectos de inversión extranjera, es un patrón que se repite en otros países. El caso de Nicaragua pone de manifiesto el delicado equilibrio entre la soberanía nacional, el desarrollo económico y la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables.
