
17 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. La Presidencia de la República ha decidido poner «a disposición» una propiedad que mantuvo bajo su control durante más de cuatro décadas en la Ciudad de México. Este inmueble, ubicado en la colonia Petrolera de la alcaldía Azcapotzalco, fue adquirido originalmente en el año 1980 bajo el mandato de José López Portillo. Se trata de una construcción de tres niveles con un valor estimado de 5.3 millones de pesos, la cual ha permanecido prácticamente sin uso en los últimos años, generando gastos innecesarios para el erario público.
La decisión de transferir este predio responde a una estrategia para reducir los elevados costos que implica mantener edificios vacíos. Álvaro Lomelí, directivo del Indaabin, explicó que las instituciones federales están tratando de abaratar los gastos de vigilancia, servicios de luz, agua y predial de sitios que ya no tienen una utilidad clara. Al estar el inmueble en desuso, el objetivo es que otra dependencia federal tome la responsabilidad de la propiedad del Ejecutivo y le dé un aprovechamiento máximo para beneficio de la administración.
Detalles de la vivienda y motivos del traspaso
El edificio se localiza en la calle Renacimiento número 175 y cuenta con una extensión de 625 metros cuadrados de construcción. A pesar de su ubicación estratégica y su buen estado, reportajes anteriores revelaron que el gobierno gastaba miles de pesos anualmente solo en servicios básicos para esta residencia de la oficina presidencial, aun estando deshabitada. Por esta razón, el inmueble fue incluido en un portafolios de bienes federales disponibles, buscando que su mantenimiento ya no sea una carga financiera para la oficina del mandatario.
La reasignación de esta vivienda de la administración federal no ha sido un proceso rápido, ya que hasta mediados de enero de este año el predio seguía apareciendo en el visualizador de inmuebles transferibles. Actualmente, existen dos instituciones interesadas en ocupar el espacio: la Profepa y la Procuraduría Agraria. Ambas dependencias deben justificar ante las autoridades por qué necesitan el edificio y cómo planean utilizarlo, cumpliendo con una serie de requisitos legales y administrativos antes de que se formalice el cambio de dueño.
Un plan nacional para evitar edificios vacíos
Esta medida no es un caso aislado, ya que forma parte de una dinámica cotidiana para optimizar el patrimonio inmobiliario del país. Según el Indaabin, se verifica constantemente que el número de empleados en cada oficina corresponda con el tamaño del lugar para evitar que los espacios se desperdicien. En la Ciudad de México, además de esta casa del patrimonio gubernamental, otro sitio emblemático que busca nuevo uso es el antiguo Cine Ópera, demostrando que existe un interés real por dar vida a estructuras que han sido olvidadas por el tiempo.
Un ejemplo exitoso de esta estrategia ocurrió recientemente en la colonia Roma, donde otras propiedades que pertenecían a la Presidencia fueron entregadas a la Agencia de Transformación Digital. Con estas acciones, se busca que cada predio del sector público tenga un uso productivo y que el dinero de los impuestos no se desperdicie en edificios cerrados. El gobierno federal tiene actualmente más de 70 inmuebles en esta situación en diversos estados como Veracruz y Sonora, los cuales esperan ser ocupados por instituciones que realmente los necesiten para trabajar.






