El gobierno de México abrió la puerta al crimen organizado y a allegados al partido Morena en la primera elección popular del Poder Judicial, que se llevará al cabo el 1 de junio próximo, advirtió el PAN.
Jorge Romero, presidente PAN, anticipó que será un fraude electoral el primer proceso para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte tras aprobarse el jueves el listado definitivo de candidaturas, que incluyen personas vinculadas a Morena y, presuntamente, al narcotráfico.
Advertencia del PAN sobre la reforma judicial
“La reforma al Poder Judicial que propone el Morena-Gobierno no resolverá los problemas de justicia en México”, señaló el líder panista.
“Por el contrario, la debilitará y podría permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección”, agregó.
Las acusaciones del panista ocurren después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el jueves la lista oficial de 64 aspirantes a la Suprema Corte y 15 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para los primeros comicios tras la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Además, el INE comenzó este viernes a imprimir las 602 millones de boletas para estos comicios, casi el doble de las que se usaron en la elección presidencial de 2024.
Elección del Poder Judicial: perfiles cercanos a AMLO
El PAN señaló que en las candidaturas abundan perfiles cercanos a López Obrador y a personajes de la actual administración de Claudia Sheinbaum, como Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte (2019-2022) y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.
La Elección Judicial podría estar sometida a un entorno de corrupción y con participación del crimen organizado. Desde @AccionNacional exigimos transparencia y un proceso justo. #PANvsFraudeJudicial #Boletín
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— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) February 23, 2025
Entre ellos, el PAN enunció las candidaturas de María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de López Obrador, y Selene Cruz Alcalá, magistrada laboral cercana a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
También, Fabiana Estrada Tena, coordinadora de ponencia de Zaldívar, y Luis Rafael Hernández, procurador agrario del anterior Gobierno.
