
La decisión responde a una demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021, por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La jueza Lisa Walsh dictó la sentencia el 22 de mayo, durante una audiencia virtual. García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa cubrirá una cifra aún mayor: mil 740 millones. Ambos fueron señalados como responsables de participar en un esquema que desvió millones mediante contratos ilegales con dependencias del gobierno mexicano.
Según la UIF, García Luna construyó una red de empresas y aliados para obtener contratos millonarios. Usó esos recursos para adquirir propiedades y bienes en Florida, sin responder jamás a la demanda interpuesta por México. Su esposa también fue acusada de participar activamente en estas operaciones, aunque tampoco compareció ante la corte.
Hasta ahora, México ha logrado recuperar alrededor de 2.8 millones de dólares, incluyendo un inmueble valuado en más de medio millón y una hipoteca vencida que aportó 275 mil dólares más. Todos los recursos obtenidos han sido enviados a la Tesorería de la Federación, y el gobierno continuará con la búsqueda y recuperación de más activos.
La UIF informó que ya se han ejecutado varias resoluciones de culpabilidad contra García Luna, su esposa y sus empresas. Aunque algunos bienes están a nombre de prestanombres, la sentencia permitirá avanzar con la ejecución de propiedades que puedan localizarse en el futuro. Las empresas involucradas incluyen Delta Integrator LLC, GL & Associates Consulting LLC y OGGI Caffe LLC.
Cabe destacar que, desde el 7 de mayo, el gobierno mexicano había solicitado a la corte civil en Florida que declarara culpables a García Luna y a su esposa sin necesidad de juicio, por haber transferido dinero de origen ilícito. La sentencia actual marca un paso firme en el proceso de reparación del daño al Estado mexicano, derivado de uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos años.