2 SEPTIEMBRE 2025- INTERNACIONAL- Un juez federal ha dictaminado que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el expresidente Donald Trump, violó la ley federal. Esta decisión representa un revés significativo para la administración de Trump y reafirma los límites del poder presidencial. El magistrado Charles Breyer, de la corte federal de San Francisco, falló a favor de las autoridades de California, confirmando que la acción del expresidente contravino la Ley Posse Comitatus, una norma federal crucial que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para labores policiales a nivel nacional, salvo excepciones constitucionales o legales muy específicas.
La disputa entre la Casa Blanca y California se originó a raíz de las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias. El gobierno de Trump, sin solicitar la aprobación del gobernador del estado, desplegó a cerca de 5,000 efectivos de la Guardia Nacional. El juez Breyer fue categórico en su fallo, al demostrar que la administración utilizó de forma sistemática a soldados armados y vehículos militares para establecer perímetros de seguridad, bloquear el tráfico y, en general, imponer una presencia militar en las calles de la ciudad.
Esta medida de despliegue de la Guardia Nacional sin la solicitud previa del gobernador no se había visto desde 1965, lo que subraya la excepcionalidad y la gravedad de la decisión. El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, demandaron al gobierno de Trump en junio, pidiendo al tribunal que anulara la «acción ilegal de federalizar la Guardia Nacional de California». El fallo del juez les da la razón y establece un importante precedente legal en materia de control del poder ejecutivo.
Implicaciones del fallo y un precedente legal clave
El juez Breyer no solo dictaminó que el despliegue de tropas fue ilegal, sino que también emitió una orden clara que prohíbe al gobierno de Trump utilizar a la Guardia Nacional o a cualquier otra tropa militar en California para labores de seguridad. Entre las actividades prohibidas se incluyen arrestos, detenciones, registros, patrullas, control de multitudes y recolección de pruebas. Esta prohibición se mantendrá hasta que la administración cumpla con los requisitos legales y constitucionales. La decisión del juez reafirma el principio de que las fuerzas militares no deben ser utilizadas como una fuerza policial interna, un pilar fundamental de la democracia estadounidense.
El caso de Los Ángeles no fue un hecho aislado. El gobierno de Trump también activó a más de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., a pesar del rechazo de las autoridades locales. Además, se sabe que el expresidente había amenazado con tomar acciones similares en Chicago. La reiterada insistencia en utilizar a las Fuerzas Armadas para labores de control social y de la delincuencia genera una seria preocupación sobre el respeto a la división de poderes y el uso del ejército en asuntos civiles.
La Ley Posse Comitatus y la importancia del control civil sobre las fuerzas armadas
El fallo del juez Breyer nos recuerda la importancia de la Ley Posse Comitatus, una norma promulgada en 1878 después de la Guerra Civil. Su propósito es limitar el uso del Ejército y de la Fuerza Aérea en labores de policía. La ley surgió de la preocupación de los legisladores por el uso de las tropas federales para reprimir a la población, especialmente en los estados del sur. Su objetivo principal es asegurar el control civil de las fuerzas armadas y evitar que un gobierno use el poder militar para oprimir a sus propios ciudadanos. El fallo de este juez federal demuestra que esta ley sigue siendo relevante y que las instituciones están dispuestas a defenderla para preservar la democracia y los derechos civiles.
