18 de Diciembre del 2025.- El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lanzó una advertencia clara al asegurar que el presidente Donald Trump carece de permiso legal para realizar operativos de fuerza militar en el Caribe. Según el legislador, cualquier acción armada en la región debe contar con la aprobación previa del Congreso de los Estados Unidos. Schumer enfatizó que los ciudadanos estadounidenses están cansados de los conflictos prolongados y que su partido no permitirá que se inicien nuevas confrontaciones sin respetar las leyes que limitan el poder presidencial en temas de guerra.
La tensión aumentó luego de que el gobierno estadounidense ordenara un bloqueo total contra los barcos petroleros vinculados a Venezuela, afirmando que el país sudamericano está rodeado por la Armada. Esta decisión de aplicar fuerza militar en el Caribe incluye la designación del gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista. Para los críticos en el Senado, estas medidas van más allá de una simple vigilancia y podrían arrastrar al país a un conflicto directo sin que los representantes del pueblo hayan votado a favor de tal escalada.
Operativos actuales y presión en la región
Desde hace meses, Washington mantiene un despliegue significativo frente a las costas venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico mediante la operación «Lanza del Sur». Sin embargo, el uso de la fuerza militar en el Caribe ha resultado en incidentes letales, con bombardeos a embarcaciones que han dejado un saldo de más de 80 personas fallecidas. Organizaciones internacionales y expertos legales cuestionan estos operativos, señalando que se están realizando ejecuciones sin pruebas claras de que las víctimas fueran realmente traficantes de drogas.
El asalto y la toma de un buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela ha sido el punto más crítico de esta estrategia de fuerza militar en el Caribe. Mientras que la Casa Blanca defiende la acción como una medida necesaria contra el financiamiento del terrorismo, desde Caracas se denuncia como un acto de piratería moderna. El gobierno venezolano sostiene que el verdadero interés de Estados Unidos no es la lucha contra las drogas, sino el control de los vastos recursos de petróleo y gas que posee la nación caribeña.
Postura del Congreso y leyes internacionales
Ante la posibilidad de que el presidente ordene ataques terrestres, Schumer advirtió que el Senado presentará una resolución bipartidista para frenar cualquier uso no autorizado de la fuerza militar en el Caribe. El legislador busca recordar que la Constitución otorga al Congreso el poder exclusivo de declarar la guerra, una facultad que consideran que está siendo ignorada. La falta de evidencia presentada por Washington sobre las rutas de droga agrava la desconfianza de los legisladores hacia las justificaciones del Ejecutivo.
Instituciones como la ONU y la propia DEA han señalado en sus reportes que Venezuela no es la vía principal para el envío de estupefacientes hacia el norte, ya que la gran mayoría del tráfico ocurre por el Océano Pacífico. Esta discrepancia técnica pone en duda la legitimidad de emplear fuerza militar en el Caribe con fines antinarcóticos. Por ello, diversos países de la región, incluyendo a México, Brasil y Colombia, han expresado su preocupación por la seguridad marítima y el respeto a la soberanía de las naciones vecinas.
