6 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. El Congreso del Estado de Guanajuato marcó un cambio histórico al aprobar la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la cual elimina formalmente al Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP). Con esta decisión, las tareas que antes realizaba este organismo autónomo ahora pasarán a manos de la Secretaría de la Honestidad, que funcionará como la principal autoridad encargada de vigilar el manejo de los datos públicos. Este movimiento busca reorganizar cómo los ciudadanos solicitan cuentas a sus gobernantes en los 46 municipios de la entidad.
Bajo este nuevo esquema, la Secretaría de la Honestidad tendrá el poder de resolver las quejas o recursos de revisión que presenten las personas cuando una dependencia estatal o un ayuntamiento se niegue a entregar información. Anteriormente, el IACIP era el único que revisaba estos casos para todos los niveles de gobierno, pero ahora la responsabilidad se divide. Por ejemplo, si el problema surge con el Poder Judicial o el Legislativo, serán sus propias contralorías internas las encargadas de dar una respuesta final al ciudadano.
Cambios en la vigilancia de la información pública
Las autoridades que ahora vigilarán la Ley de Transparencia tendrán obligaciones muy claras para asegurar que el derecho a saber se mantenga vigente. Entre sus funciones principales destaca el resolver las impugnaciones de la gente, pero también deben llevar la cultura de la rendición de cuentas a las escuelas y firmar acuerdos con distintos sectores de la sociedad. Además, la Secretaría de la Honestidad será la encargada de coordinar un nuevo grupo llamado Subsistema de Transparencia, que mantendrá comunicación directa con el consejo nacional en la materia.
Este nuevo Subsistema de Transparencia contará con un comité donde participarán representantes de todos los poderes del estado, organismos autónomos y cuatro representantes de los municipios divididos por regiones. Este equipo deberá enviar informes de sus actividades a nivel nacional y opinar sobre los proyectos que se planeen para todo el país. Para que todo funcione correctamente, el comité tendrá una oficina especial, llamada Secretaría Ejecutiva, que se encargará de vigilar que todos los acuerdos y resoluciones se cumplan al pie de la letra.
Obligaciones y críticas a la nueva norma
La actual Ley de Transparencia define que cualquier oficina, institución, fideicomiso o persona que reciba dinero público está obligada a rendir cuentas sin excepciones. Para lograrlo, cada instancia debe contar con un Comité de Transparencia que decida si una información se entrega, se clasifica como reservada o si de plano no existe. También es obligatorio tener una Unidad de Transparencia, que es la oficina a la que cualquier vecino puede acudir para entregar sus solicitudes y recibir sus notificaciones de manera formal.
