17 DE DICIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca se encuentra trabajando intensamente para esclarecer el homicidio de Nelson Hernández Pérez, quien se desempeñaba como jurídico del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas. El ataque ocurrió el pasado viernes por la noche, cuando sujetos desconocidos dispararon directamente contra el trabajador municipal. Este lamentable suceso tuvo lugar justo en el sitio donde se instalaba un operativo alcoholímetro, lo que ha generado una gran conmoción entre los habitantes de la zona conurbada a la capital del estado.
De acuerdo con las primeras declaraciones de la vicefiscal de Delitos de Alto Impacto, Edith Morales Celaya, ya se han establecido seis rutas distintas para resolver el caso. Las autoridades están revisando minuciosamente la vida personal del fallecido, su labor política y cualquier posible amenaza que hubiera recibido recientemente. Al ser un ataque directo durante un operativo alcoholímetro, los agentes de investigación no descartan ninguna posibilidad hasta que las pruebas logren señalar con claridad a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
Las claves de las líneas de investigación en Oaxaca
Una de las vertientes que más llama la atención de los investigadores tiene que ver con la actividad del funcionario en el entorno digital. Se están analizando diversas acusaciones y comentarios vertidos en redes sociales que hacían referencia a su desempeño dentro del operativo alcoholímetro de la localidad. La Fiscalía busca determinar si existía algún descontento específico o conflictos derivados de las multas y retenciones de vehículos que pudieran haber desencadenado la agresión violenta contra Hernández Pérez.
Conforme pasen los días y se recopilen más testimonios o grabaciones de cámaras de seguridad, el número de hipótesis de trabajo se irá reduciendo. La prioridad de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto es dar con el paradero de los atacantes, quienes huyeron del lugar tras el atentado. Mientras tanto, la comunidad de San Jacinto Amilpas permanece atenta a los avances, pues el uso de un operativo alcoholímetro como escenario para un asesinato resalta la vulnerabilidad de quienes trabajan en la vigilancia vial del municipio.
Falta de protocolos y coordinación estatal
Un punto crítico revelado por el secretario de Gobierno, Jesús Romero, es que el punto de revisión donde ocurrió la tragedia no estaba regulado oficialmente. El gobierno estatal informó que ese operativo alcoholímetro específico no contaba con la aprobación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra). Esto significa que la actividad municipal se realizaba de manera aislada, sin seguir los protocolos de seguridad necesarios ni contar con el respaldo de la Policía Vial Estatal para prevenir situaciones de violencia.
A diferencia de San Jacinto Amilpas, otros municipios como Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino sí mantienen una coordinación estrecha con el Mando Metropolitano. Al no estar integrado a este sistema, el operativo alcoholímetro donde laboraba el jurídico carecía de la supervisión permanente de las corporaciones de seguridad estatal. Esta falta de alineación con los criterios estatales es un factor que las autoridades están subrayando para evitar que otros ayuntamientos realicen inspecciones viales sin las medidas de protección adecuadas para su propio personal.
¿Por qué es peligrosa la falta de aprobación del Coepra?
