Sábado 09 de Agosto del 2025.- La Administración Trump ha puesto sobre la mesa una fuerte exigencia al Gobierno de España: cancelar un contrato por 12,3 millones de euros adjudicado a la empresa china Huawei. Este acuerdo está relacionado con el almacenamiento de escuchas judiciales, pero Washington advierte que representa un riesgo para la seguridad nacional y la cooperación en inteligencia entre ambos países. El plazo para tomar esta decisión termina el 31 de agosto, y de no hacerlo, España podría enfrentar una reducción drástica en el intercambio de información estratégica.
Investigación y advertencias desde Washington
Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, ha iniciado una investigación formal para evaluar si los contratos del Ministerio del Interior español con Huawei comprometen la seguridad, especialmente considerando la participación de España en la OTAN y la presencia de bases militares estadounidenses en territorio español, como las de Rota y Morón. La preocupación principal se centra en que Huawei, bajo las leyes chinas, podría verse obligada a colaborar con el Partido Comunista y facilitar el acceso a datos sensibles, poniendo en peligro la seguridad no solo de España, sino de sus aliados.
El Partido Popular ha sido crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por permitir esta adjudicación, argumentando que pone en riesgo la seguridad nacional. En respuesta, el PP ha solicitado que varios ministros comparezcan ante el Congreso y el Senado para aclarar los motivos detrás de esta decisión.
Posición de la Unión Europea y diferencias con otros países
Por su parte, la Comisión Europea ha expresado su preocupación por la presencia de Huawei en las redes tecnológicas europeas, sugiriendo restricciones o exclusiones, especialmente en lo que respecta a la tecnología 5G. Thomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión, ha señalado que una reacción tardía podría exponer a toda la Unión Europea a riesgos claros, aunque no mencionó explícitamente el caso de España.
A diferencia de Alemania, Reino Unido o Suecia, que ya han vetado formalmente a Huawei, España no ha implementado un veto oficial, afirmando que cumple con las recomendaciones europeas sin confrontar directamente a China. Esta postura prudente ha generado tensiones tanto con Estados Unidos como en el interior político español.
Un momento de tensión geopolítica clave
Este ultimátum de la Casa Blanca agrava las ya complicadas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, especialmente tras desacuerdos recientes sobre el gasto en Defensa dentro de la OTAN y las repercusiones de la guerra comercial global. En un contexto donde la colaboración en inteligencia es esencial para combatir amenazas como el terrorismo y los ciberataques, cualquier ruptura podría afectar gravemente la seguridad común.
Además, expertos en seguridad advierten que la dependencia tecnológica de China en infraestructuras críticas puede tener consecuencias a largo plazo para la soberanía digital de España y otros países europeos, que aún no han definido claramente su postura en esta materia.
La soberanía tecnológica como desafío pendiente
Más allá de la presión internacional, el caso Huawei revela un desafío interno para España: la necesidad urgente de fortalecer su soberanía tecnológica. La dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de países con intereses geopolíticos contrapuestos, puede dejar vulnerables a las instituciones públicas y privadas. Es imprescindible que España diseñe una estrategia integral que contemple inversiones en desarrollo tecnológico local, mayor transparencia en contratos y una evaluación constante del riesgo en la era digital.
