El 29 de octubre de 2025, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque en el Océano Pacífico que terminó con la destrucción de una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico. Las autoridades estadounidenses confirmaron que los cuatro tripulantes murieron en la acción, y que la operación se realizó en aguas internacionales consideradas como rutas clave de tránsito de drogas hacia América Latina. La Marina de EE. UU. señaló que la medida forma parte de una estrategia más amplia para frenar el contrabando y proteger la seguridad hemisférica.
La embarcación atacada era de gran tamaño y contaba con capacidad para transportar cargamentos de drogas y armas. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el buque transitaba por un corredor conocido de tráfico ilícito y su destrucción estaba respaldada por información de inteligencia avanzada. La operación se llevó a cabo sin bajas entre las fuerzas estadounidenses y con el objetivo de evitar que los cargamentos llegaran a Centroamérica, México y el Caribe, regiones con alta incidencia de narcotráfico.
Entre los fallecidos se encuentran los cuatro tripulantes de la embarcación, cuya nacionalidad aún no ha sido completamente confirmada. Sobrevivientes de operaciones anteriores han relatado el riesgo extremo de estas rutas, la presencia de lanchas rápidas y semisumergibles utilizadas por los carteles, y la dificultad de escapar de un ataque militar. Desde septiembre de este año, al menos 61 personas han perdido la vida en operaciones similares, lo que evidencia el carácter escalonado y letal de la ofensiva estadounidense en el Pacífico y Caribe.
El ataque del 29 de octubre pone de relieve la complejidad del combate al narcotráfico marítimo, donde los cárteles emplean tecnología avanzada para trasladar drogas y armas de manera clandestina. La administración estadounidense ha calificado estas operaciones como esenciales para mantener la seguridad regional y evitar que rutas estratégicas sean utilizadas para el contrabando, aunque el alto número de víctimas ha generado debate sobre la proporcionalidad y legalidad de estas acciones.
Desde el punto de vista diplomático, varios países latinoamericanos han expresado preocupación por la operación, cuestionando la soberanía marítima y la ausencia de coordinación bilateral. Expertos en derecho internacional han señalado que ataques como el del 29 de octubre podrían ser controversiales si se confirma que civiles o ciudadanos de terceros países se encuentran entre los fallecidos. La presión internacional aumenta mientras se buscan mecanismos de supervisión y transparencia.
