23-Septiembre.-.2025.-.El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la banda latinoamericana Barrio 18 ha sido oficialmente clasificada como organización terrorista extranjera, debido a su vinculación con ataques contra autoridades y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras. La medida forma parte de la estrategia de la Administración Trump para desmantelar grupos criminales y proteger la seguridad regional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Barrio 18 como «una de las pandillas más grandes» de América Central y destacó que su designación como organización terrorista permitirá a EE.UU. tomar medidas legales más estrictas contra sus miembros y aliados. Rubio afirmó que esta decisión demuestra el compromiso del país con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La banda Barrio 18, cuyo nombre se originó en la ciudad de Los Ángeles, California, ha extendido sus operaciones a varios países latinoamericanos, donde se le vincula con asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas. Su influencia en la región ha sido motivo de preocupación tanto para los gobiernos locales como para organismos internacionales.
Esta acción se suma a otras recientes designaciones de EE.UU., que incluyen grupos criminales haitianos como Viv Ansanm y Gran Grif, así como cárteles mexicanos como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, y bandas salvadoreñas como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua.
La clasificación como organización terrorista extranjera implica restricciones financieras, congelamiento de activos y la posibilidad de enjuiciar a sus integrantes bajo leyes antiterroristas estadounidenses. Esta medida también busca limitar la capacidad de la pandilla para operar internacionalmente y enviar un mensaje de alerta a otros grupos criminales.
Con esta acción, Estados Unidos refuerza su compromiso de combatir el narcotráfico y la violencia en Centroamérica y el Caribe, al tiempo que coordina esfuerzos con los gobiernos locales para prevenir futuros ataques y garantizar la protección de la ciudadanía en la región.
